El domingo anterior, dos mujeres capturadas en el marco del régimen de excepción, bajo acusaciones de pertenecer a pandillas, murieron por diversas circunstancias. Según un informe policial, a una de las víctimas, que tenía 15 días de estar ingresada por varias úlceras, le habían amputado una pierna.
A pesar del tiempo que ambas mujeres permanecieron en el hospital, a ningún familiar le avisaron que ellas estaban ingresadas en el hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, en cuya morgue fueron reconocidas ambas el domingo anterior.
Uno de los cadáveres fue reconocido legalmente, a las 7:30 a.m. del pasado lunes, fue el de Sonia Magali Bonilla Sánchez. De acuerdo con documentos médicos, ella permanecía hospitalizada desde el 23 de junio para recibir tratamiento médico para unas úlceras que le habían salido en los pies y falleció a las 11:00 p.m. del domingo 10 de julio.
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Aunque no se pudo establecer contacto con familiares de Magali, fuentes policiales indicaron que ella tenía más de un año de haber sido capturada bajo el régimen de excepción, como miembro de pandilla, acusación que no tenía fundamento.
La otra mujer que murió el pasado 10 de julio fue identificada como Fanny del Carmen Morales Miranda, de 36 años, quien estaba ingresada en el hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, desde el 31 de mayo, según documentos policiales.
De acuerdo a actas de inspección del cadáver, preliminarmente se estableció que la muerte de Morales Miranda fue debido fue por “sepsis más caída de su propia altura”.
Para Fanny y sus hijas, el 2022 terminó mal
Fanny fue capturada el 31 de diciembre de 2022 en su vivienda en la comunidad Tutunichapa I, ubicada sobre la alameda Juan Pablo II, a la altura del hospital Médico Quirúrgico, del Seguro Social, mientras estaba junto a sus dos hijas, preparándose para festejar el fin de año.
“El error de uno es vivir aquí en las comunidades marginales, pero no toda la gente es igual. Allí también vive gente trabajadora. Ella nunca había sido detenida. Mi hermana nunca había andado en nada”.
Familiar de Fanny del Carmen morales miranda
Familiares afirmaron a El Diario de Hoy que varios policías de la Sección Táctica Operativa, de los que usualmente visten uniformes grises camuflados, cruzaron la quebrada o río, hacia la comunidad. A Fanny y sus hijas les dijeron que si podían entrar a la casa y ellas confiadas les dijeron que no había problema.
Luego se retiraron y de repente regresaron pero ya venían con una bolsa negra de plástico, y de una sola vez se la metieron en un bolso tipo cangurera; cuando ella reclamó, los policías le dijeron que esa bolsa era de ella. La bolsa contenía droga.
Fanny vendía pan francés. Le dijeron que se la llevarían para investigarla. En la bolsa no aparecieron las huellas dactilares de ella, según afirman los familiares.
“El error de uno es vivir aquí en las comunidades marginales, pero no toda la gente es igual. Allí también vive gente trabajadora”, sentenció un familiar. “Ella nunca había sido detenida. Mi hermana nunca había andado en nada”, detalló otro pariente.
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Fanny no padecía de mayores problemas de salud, más que del colon. Familiares indican que uno de los brazos de Fanny estaba fracturado. En Medicina Legal le dijeron que había muerto a raíz de que había contraído una bacteria que ya le había destruido parte del hueso de un brazo.
Fanny fue sepultada el pasado martes.
Tanto en el caso de Magaly como el de Fanny, los documentos de reconocimiento legal de ambos cadáveres han sido etiquetados como “muerte sobre averiguar”.
Prorrogado 16 veces
A pesar de las solicitudes y recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a que el régimen de excepción debe ser suspendido, la Asamblea Legislativa aprobó este martes que continúe la medida que está por entrar a los 16 meses de vigencia.
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En los 15 meses que el gobierno ha mantenido en vigencia el régimen de excepción, hasta el 11 de julio habían sido capturados 71,479 personas de las cuales, por lo menos 5,000 han sido puestas en libertad y más de 300 han muerto en prisión, según datos aportados por funcionarios de gobierno y organizaciones de la sociedad civil pro derechos humanos.
No obstante, el discurso gubernamental es que los 71,479 son terroristas miembros de pandillas, lo cual es controvertido con la cantidad de liberaciones que se han hecho y que día con día se hacen de hombres y mujeres.
Al menos dos niños de cinco y 17 meses, que compartieron varios meses en prisión con sus madres, acusadas injustamente de ser miembros de pandillas (según afirman sus familiares) murieron a pocos días de que fueran entrados en deplorable estado de salud a familiares de las madres capturadas.
De acuerdo con testimonios de mujeres que han recuperado recientemente su libertad, solo en Izalco habrían aproximadamente 150 bebés que permanecen en prisión, en compañía de sus madres, en condiciones no adecuadas para su desarrollo.