Más de 2,500 maestros y maestras están considerando acogerse al decreto de retiro voluntario aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado mes de mayo. Al respecto, Bases Magisteriales y el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) han presentado una petición para retrasar la aplicación de dicho decreto y permitir que los docentes puedan gozar de los beneficios correspondientes a partir del 1 de enero de 2024, en lugar de noviembre de 2023 como se establece actualmente.
Según informaron en conferencia de prensa, las renuncias de los docentes se harán efectivas a partir del 18 de noviembre y, debido al decreto de retiro voluntario para empleados públicos pensionados, no se les pagará el mes de diciembre, el aguinaldo y otros beneficios que normalmente recibirían. Esto ha generado preocupación y malestar entre los profesores que están considerando acogerse a esta opción.
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De acuerdo a una circular recibida, la renuncia debe ser a partir del 18 de noviembre del presente año, lo que significa que los docentes perderían el pago correspondiente al mes de diciembre y el aguinaldo", afirmó Daniel Rodríguez de Simeduco. Además, Jorge Villegas de Bases Magisteriales, señaló que los maestros tienen un bono de $117 en junio y en diciembre, por lo tanto perderían esa cantidad junto con otros beneficios, lo que suma una pérdida de más de $2 mil para aquellos que renuncien, explicó.
Rodríguez afirmó que el Gobierno busca ahorrarse aproximadamente $90 millones al hacer efectivas las renuncias de los docentes a través del decreto de retiro voluntario, el cual fue publicado el 18 de mayo pasado en el Diario Oficial.
En respuesta a esta situación, Bases Magisteriales y SIMEDUCO han solicitado una reunión al Ministerio de Educación (Mined) para que se modifique el decreto y se posponga la fecha de aplicación para que los docentes pensionados puedan recibir la compensación económica y los beneficios correspondientes a partir del 1 de enero de 2024.
En mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de retiro voluntario que busca brindar compensaciones a los trabajadores jubilados que decidan renunciar al Órgano Ejecutivo, así como a las entidades autónomas e instituciones descentralizadas.
La nueva legislación, que entrará en vigor en los próximos meses, establece que los trabajadores jubilados y pensionados podrán recibir compensaciones por un monto máximo de hasta $25,000.