Socorro Jurídico Humanitario, organización defensora de derechos humanos, presentará mañana jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una solicitud de hábeas corpus a favor del colombiano Andrés Felipe Castañeda González, quien lleva más de seis meses de estar en una prisión salvadoreña, acusado de pertenecer a agrupaciones ilícitas, según informó Ingrid Escobar, directora de esa organización.
De acuerdo Escobar, las autoridades demandadas serían el Juzgado Especializado de Instrucción B-4, de San Salvador, y Osiris Luna Meza, titular de la Dirección de Centros Penales. El primero como responsable de la detención arbitraria, en tanto que el director de Centros Penales, como responsable de la afectación al derecho de libertad y dignidad del detenido.
Hasta ayer, Socorro Jurídico Humanitario había presentado 976 solicitudes de hábeas corpus, todos en favor de personas detenidas injusta y arbitrariamente en el marco del régimen de excepción, que lleva 15 meses en vigencia, desde que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, el 27 de marzo de 2022.
En el caso de Castañeda González, se tiene información de que podría haber sufrido una golpiza. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Jucuapa, departamento de Usulután, a 90 kilómetros de la capital, San Salvador, a donde son enviados todos los extranjeros capturados bajo el régimen de excepción, según testimonios de quienes ya han recuperado su libertad.
“Testimonios de personas liberadas manifiestan que Andrés Castañeda se encuentra gravemente golpeado y su familia teme por su integridad física y psicológica. A esta fecha no se le ha otorgado su derecho de audiencia y defensa”, indicó Escobar.
El colombiano llegó a El Salvador a finales de noviembre de 2022, atraído por la propaganda gubernamental del gobierno de Bukele, según comentó a El Diario de Hoy, Alejandra Muñoz, compañera de vida del detenido.
El 7 de diciembre, pocos días después de haber arribado a El Salvador cargado de esperanzas de mejorar económicamente, el suramericano fue intervenido por cuatro agentes policiales, cuando desayunaba en un comedor del municipio de Soyapango.
Vino a El Salvador ilusionado
En en el preciso momento cuando fue intervenido por los policías, Castañeda González estaba haciendo una videollamada a Alejandra, quien escuchó cuando los agentes policiales le dijeron que sería capturado por agrupaciones ilícitas, en el marco del régimen de excepción. Luego la comunicación se cortó y hasta el día de hoy, la mujer no ha vuelto a tener comunicación con su marido.
Lo poco que sabe, según comentó en una entrevista a El Diario de Hoy el martes anterior, ha sido por funcionarios consulares de Colombia en El Salvador, quienes le han advertido de la posibilidad de que el joven pueda pasar otros seis meses encarcelado.
En El Salvador son miles de familias de personas encarceladas injustamente, quienes ignoran el estado de salud de sus parientes, arrestados arbitrariamente, tan solo porque alguien hizo una llamada anónima denunciando como miembros de pandillas.
Incluso, hay personas que están detenidas arbitrariamente por militares o policías tan solo como venganza porque la mujer, la hija o la hermana no accedió a las pretensiones sexuales.
Uno de esos casos, según informes oficiales, es el caso de un capitán de corbeta (equivalente a mayor en el Ejército o Fuerza Aérea) fue capturado a principios de abril de este año, señalado de haber capturado a varios hombres cuyas esposas o compañeras de vida no accedieron a sus pretensiones sexuales.
En la entrevista con El Diario de Hoy, Alejandra mostró su preocupación por no saber nada del estado de salud de Andrés Felipe. “No sé si está vivo, si está muerto, si está sano o si está enfermo”, afirmó la joven mujer, quien ha quedado sola, luchando con la manutención de sus dos hijos, de 5 y un año.