“Hemos comprobado científicamente las causas de las muertes y algunas de ellas se trataba de enfermedades preexistentes. Hasta este momento, hemos encontrado que no hay delito que perseguir por parte de la Fiscalía y los casos de encuentran archivados”. Contundente declaración del fiscal impuesto, que contrasta con los clamores y lágrimas de los familiares de los más de 142 fallecidos en prisión durante la vigencia de régimen. Y que la prueba que tienen para rechazar las declaraciones del fiscal son los cadáveres de sus familiares, que les fueron entregados en ataúdes sellados, para esconder las señales de tortura, que no son pruebas científicas para el Ministerio Público.
Cada cadáver es una acusación que los familiares tienen y que los ha hecho unirse como MOVIR (Movimiento Víctimas del Régimen) y se presentaron a la sede de Medicina Legal para solicitar un informe oficial de las personas fallecidas en el interior de los centros penales durante el régimen. “Medicina Legal sería cómplice de ocultar torturas y muertes en penales” afirman y confirman que los cadáveres tenían laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura. Según afirma un médico que trabaja con estas organizaciones, “efectivamente una de las causas es la contusión pulmonar (golpes) que lleva a edema agudo de pulmón y a la muerte”. Este disfraz del diagnóstico confirma los golpes y maltratos.
Los muertos no pueden hablar para contar lo que sufrieron, pero sí pueden hacerlo aquellos que por suerte o protección divina lograron salir de ese infierno y ser testimonios vivientes de su dantesca experiencia. Una líder y activista comunitaria ha relatado con detalle, y con las señales grabadas en su cuerpo, el trato que recibió. Espalda dañada por el desplazamiento costilla, cuando un agente se le hincó mientras la tenía boca abajo; de un empujón le fracturaron la clavícula, y ante su protesta le respondieron “ahorita hasta te podemos matar: las leyes están a favor de nosotros”. "Jueces de la calle" llaman a estos esbirros.
Otros han relatado detalladamente la golpiza que les dan de bienvenida, hasta la tortura de meterles la cabeza en barriles con hielo, donde con lujo de sadismo, las autoridades únicamente demuestran la impunidad y corrupción que existe en el sistema carcelario. Las mujeres no han corrido mejor suerte ya que los esbirros se han ensañado con ellas. “Otras tres tenía embarazo de alto riesgo. A una mujer el feto le estaba creciendo fuera del útero. Otra tenía quistes ováricos: Les dijeron que no se hicieran ilusiones”. Las inhumanas condiciones de las cárceles, donde el hacinamiento es ya indescriptible, facilitaban la proliferación de enfermedades de la piel, algunas de difícil curación. Las mamás con bebés contagiados los bañaban con detergente y lejía, otras lo hacían con sal para que se les quitara la picazón y el hongo. ¿Y las leyes de la Primera Dama de Protección a la Infancia no tienen aplicación en los penales?
El ministro Villatoro admite que han sido capturadas 68,000 personas, y casi 5,000 han sido liberadas, sin aceptar que habían sufrido injustamente toda clase de maltratos. Y que muchos han sido condenados luego de audiencias en grupos de hasta 500 personas, en las que los defensores públicos reciben de tres a cuatro minutos para presentar los casos de los cientos de detenidos. Villatoro se justifica: “Ni nosotros, como miembros del gabinete, ni mucho menos el Presidente Bukele vamos a dormir tranquilos si llegamos a condenar a un inocente”. Pues para lo que está pasando en las cárceles con miles de inocentes torturados sin condena deberían tener muchos años de insomnio. Según el vicepresidente Ulloa, como en toda guerra “estos son daños colaterales”. Paz y perdón a los familiares de estos muertos, que ya gozan del descanso eterno.
Maestra.