Durante otro "madrugón" legislativo, con 67 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron durante la madrugada del miércoles 14 de junio la décima quinta prórroga al régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales y que ha sido impulsada por Nayib Bukele desde marzo 2022 como forma para combatir a las pandillas.
La última extensión del régimen vence mañana 15 de junio. Como ha sido costumbre en el pleno, la bancada oficialista aprobó la prórroga de la medida horas después de que el gabinete de Seguridad presenta la solicitud a la Asamblea.
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El régimen de excepción ha sido levantado las alertas en organismos nacionales e internacionales, y diferentes sectores de la sociedad quienes han denunciado graves atropellos a los derechos humanos y abusos de poder por parte de las autoridades durante los 14 meses que ha estado en vigencia.
Activistas pro derechos humanos han pedido al gobierno que suspenda el régimen de excepción en el cual denuncian se han registrado capturas arbitrarias, estigmatización de personas por su apariencia o zona de residencia, torturas en los centros penales, tratos crueles y hasta muerte de personas bajo custodia del Estado.
Según datos de Socorro Jurídico, en marzo, cuando se cumplía un año del régimen más de 60 mil personas habían sido detenidas, de estas 3 mil fueron liberadas al no poder probárseles vínculos con pandillas, en el mismo periodo 126 personas que fueron detenidas bajo el régimen murieron.
Además, ayer, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, confirmó en una entrevista televisiva que 142 personas han muerto bajo la custodia del Estado en centros penales. Añadió que tras las investigaciones fiscales con apoyo de Medicina Legal se habría determinado que las 142 muertes de reos ocurrió porque padecían enfermedades preexistentes, y que no existe delito que perseguir en estos casos, y que, por lo tanto, no investigará dichos casos.
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Organizaciones sociales registran 5,082 vulneraciones a derechos humanos en régimen de excepción. En marzo pasado reportaron casos de acoso, abusos de autoridad e intimidación, entre otros. Cristosal ha contabilizado la muerte de 153 personas detenidas durante el régimen de excepción.
Familias completas han denunciado además su angustia al no tener noticias de sus seres queridos que aseguran han sido capturados "de manera injusta".