Tenía 52 años y una pequeña tienda y un molino para ganarse la vida. Hace cinco años fue obligado por los pandilleros de su comunidad a proveerles alimentos a cambio de que no atentaran contra él y su familia.
Usualmente los delincuentes llegaban a su negocio por las noches, drogados y armados.
En una ocasión los pandilleros hicieron varios disparos afuera de su casa, por lo que vivía bajo el temor y la zozobra que lo mataran a él o a su familia.
La implementación del régimen de excepción, con el que las autoridades han prometido liberar a los ciudadanos honrados del terror de las pandillas, sólo agravó la situación para este comerciante informal.
La Policía Nacional Civil (PNC) lo acusó de ser “colaborador de las pandillas” y lo capturó. Meses después de permanecer en un centro penal murió, según la esquela brindada a la familia por el Instituto de Medicina Legal, la causa de la muerte fue un “edema cerebral”.
Este es uno de los 153 casos de muerte bajo custodia del Estado documentados por la organización Cristosal e incluidos en su último informe de violaciones a derechos humanos cometidos desde que inició el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 hasta abril de este año.
Según los datos recopilados durante la investigación realizada por Cristosal, la mayoría de personas que han muerto en centros penales eran trabajadores, fueron detenidos sin órdenes de capturas y ninguno había sido condenado por el delito que se le acusaba.
Las víctimas, previo a ser capturadas, se ganaban la vida como comerciantes informales, jornaleros, agricultores, mecánicos y albañiles. También se reporta la muerte de un director de un centro educativo y tres empleados públicos.
Aunque muchos cadáveres de las víctimas presentan signos de tortura a los familiares, le fueron entregados documentos que indican otras causas de muerte y los parientes no fueron informados por las autoridades, sino que se enteraron de la muerte por las funerarias.
En 30 de los casos la causa de muerte reportada indica “edema”, de esos 26 fueron catalogados como edema pulmonar, tres de edema cerebral y uno como edema generalizado; a pesar de que en varios de estos casos "había evidencias de violencia sobre el cadáver”, asegura la organización.
“Hay una responsabilidad muy fuerte del Instituto de Medicina Legal y aquellos médicos que firman diciendo que una persona muere de una cosa que no es verdad” expresó al respecto Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal.
Asimismo, documentaron cuatro casos en los que la causa fue un infarto, en dos de estos, no se proporcionó el medicamento requerido para las condiciones preexistentes de salud de los privados de libertad, aseguran.
“Se identificaron 17 casos en los que el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica adecuada, o no se suministró el medicamento a los privados de libertad según lo requerido”, detalla el informe.