El 22 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional actual, la misma impuesta por la asamblea oficialista en 2021, emitió resolución a las demandas 33/2016 y 195/2016, una de ellas interpuesta por Karla Avelar, mujer trans que solicitó que el Estado proveyera seguridad jurídica para cambiar su nombre.
Dentro de la sentencia de la Sala de lo Constitucional se da el plazo de un año para que la Asamblea Legislativa legisle el cambio de nombre en personas de esa población. Dicha resolución establece que se debe reformar el artículo 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, para garantizar a esta población el derecho a la identidad. Además, crear las condiciones legales para que los cambios sean posibles.
Sin embargo, el plazo de un año venció el 24 de febrero pasado. En razón de este incumplimiento, la Asociación Aspidh Arcoiris Trans presentará en los próximos días un escrito para seguimiento de sentencia. Con ello buscan que la Sala de lo Constitucional defina un plazo para que la asamblea cumpla la sentencia y no esté prorrogando el plazo en múltiples ocaciones.
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Bessy Ríos, abogada y defensora de derechos humanos, explicó que dentro de los argumentos que usó la Sala de lo Constitucional fue la Opinión Consultiva 24/17. En ella la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responde al Estado costarricense sobre la necesidad de crear mecanismos legales para asegurar la identidad de género a personas trans.
Más de diez años de luchar por la ley
La directora de Aspidh, Mónica Linares, lucha desde el 2009 por esa ley de identidad. Ella y un grupo de activistas trabajaron en la primera propuesta de ley, llevada a la Asamblea Legislativa en 2018. Sin embargo, ese logró no prosperó en la legislatura 2018-2021. En 2021, la legislatura dominada por diputados afines al presidente Nayib Bukele mandaron al archivo esa primera propuesta sin ser estudiada.
"Es desgastante que ya llevamos más de 10 años y que esto no avanza, que haya un anteproyecto de ley en la asamblea y que ni siquiera puedan tomarse el tiempo (de estudiarla)", opina Mónica Linares.
En opinión de Ríos, "únicamente hace falta voluntad política para aprobar la Ley de Identidad", asegura. La abogada explica que el cambio de nombre es fundamental para que estas personas tengan acceso a una vida digna y puedan cumplir su plan de vida.
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"Estas personas no pueden conseguir trabajo, no pueden ir al sistema educativo porque su nombre no coincide con su expresión de género. Una persona que tiene 15 ó 20 años con una expresión completamente femenina, que vaya al sistema público de salud y reciba burlas porque su nombre de DUI no corresponde a lo que se ve, daña y mancilla la dignidad y el proyecto de vida de la pesona", agrega Ríos.