La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa acordó reformar la Ley de Compras Públicas, para homologar el nombre de un tribunal con el que aparece en la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC). Esta es la segunda enmienda que sufre dicha normativa desde que fue aprobada en enero de este año.
Con lo acordado, se modifica el término de “Tribunal de Compras Públicas” por “Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas” en la Ley de Compras Públicas. La adenda se hizo a los artículos 120, 121, 122 y 177.
"El objetivo de esta reforma es homologar el nombre del tribunal en ambas normativas para evitar confusión jurídica y que en su aplicación no existan inconvenientes, vacíos o dudas", explicó el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, presidente de la Comisión de Economía.
“Queremos cumplir con los principios de certeza jurídica", añadió el diputado William Soriano, también del partido oficialista.
La medida fue acompañada por la fracción de Nuevas Ideas, más no por la de ARENA y la del FMLN. En menos de 30 minutos de desarrollo de la comisión de Economía, el presidente de esa mesa de trabajo legislativa solicitó pasar a votar por la iniciativa de reforma de ley.
“Nosotros como fracción no apoyamos la Ley de Compras Públicas, por ende, no podríamos votar por este proyecto. Sin embargo, en lo personal estoy viendo que esto es totalmente coherente, esto es una cuestión de orden”, expresó el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila.
La Ley de Compras regula todas las actividades realizadas por la Administración Pública para la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios, durante la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y finalización.
La ley establece la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), que funge como supervisor para acreditar y certificar los procesos de todas las instituciones.
La Ley de Compras Públicas y la Ley de Creación de la DINAC fueron aprobadas por la mayoría oficialista en enero de este año, la DINAC ha sido una de las varias leyes aprobadas por dispensa de trámite por el oficialismo.
En marzo pasado la Asamblea oficialista también modificó la Ley de Compras Públicas para permitir que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), pueda ofertar al Estado, es decir, una institución del gobierno siendo juez y parte.
Las modificaciones aprobadas durante la plenaria ordinaria número 100 del pasado 22 de marzo, brindaron a la DOM la posibilidad de participar en calidad de oferente, en procesos de selección de contratista regulados en la Ley de Compras Públicas, cuando esta tenga participación accionaria en una sociedad anónima de capital variable o en una sociedad anónima con responsabilidad social y estatal.
Para facultar a la DOM a ser oferente del Estado, los diputados oficialistas reformaron la ley de creación de dicha entidad aprobada en noviembre de 2021; pero al mismo tiempo, modificaron la recién creada Ley de Compras Públicas -que sustituye a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)- con el objetivo de que la DOM pueda competir como oferente de obras en sociedades privadas en donde tenga participación como accionista.
Lo anterior fue cuestionado por los diputados de la oposición, por expertos en economía y abogados. Básicamente, según palabras del economista Rafael Lemus, la DOM pasó a ser una institución que funcionará como empresa privada, compitiendo como oferente y contratista a la vez de obras públicas con el mismo Estado. En síntesis, según Lemus, es un esquema diseñado “pro-corrupción”.
“La DOM competirá con privados con ventajas en licitaciones, creando sociedades mercantiles, S.A. Podrá operar con total discrecionalidad, podrá hacer compras a los funcionarios donde tengan acciones, simplemente podrá hacer todo lo que hace hoy en día LaGeo, todo es pro-corrupción, es una manera de tapar toda la corrupción que quieren hacer”, explicó a El Diario de Hoy en días pasados.