En un hecho inusual, el gobierno salvadoreño no permitió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicara el consolidado final del informe sobre las revisiones que ese organismo hizo a las finanzas públicas del país.
Esta noticia la dio a conocer el multilateral el pasado martes y, según el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, es una confirmación de parte del gobierno acerca de sus prácticas poco transparentes en lo que se refiere al manejo de las finanzas del país.
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De hecho, Castaneda apunta que en el comunicado que lanzó el Fondo en febrero ya había alertas sobre esta opacidad, pues el tema del acceso a la información pública es algo que se ha minado desde que el actual gobierno tomó el poder.
Con respecto a esta situación, el economista añade que es algo inusual que los países de la región no permitan la publicación de los resultados del informe, y explica que “los otros países que han vetado esta publicación están, usualmente, ubicados en África o tienen la característica de que son regímenes no democráticos”.
Además, Castaneda subraya que esta negativa del gobierno a que se conozcan a profundidad los hallazgos que encontró la misión del FMI también puede entenderse como que el acuerdo de asistencia financiera que en algún momento negoció el gobierno con el organismo, está cada vez más lejos de que se complete.
Este acuerdo, de hecho, permitiría al país mejorar en muchos aspectos, como el hecho de volver a tener acceso a los mercados de deuda internacionales, los cuales se han cerrado en los últimos dos años debido a acciones arbitrarias cometidas por la administración Bukele.
En este sentido, anteriormente economistas consultados por El Diario de Hoy han aclarado que el cerrar ese acuerdo no solo se limita a un monto de hasta $1,300 millones en financiamiento para el país, sino que sería una especie de certificado que dé garantías a los organismos internacionales de que el país tiene salud financiera y estabilidad institucional.
Asimismo, el lograr el acuerdo le daría la oportunidad al país de mejorar en indicadores como el riesgo país, definido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), el cual define el porcentaje de interés que el país debe pagar si adquiere nueva deuda, y el cual actualmente se mantiene bastante alto.