A 380 días de vigencia de régimen de excepción y sus efectos en la vida cotidiana de los salvadoreños., las causas que motivaron al gobierno a tomar la medida excepcional contradicen las leyes internas del país y el Derecho Internacional Humanitario.
La prolongación del Decreto número 333, elevado por encima de la Constitución, está por cumplir 13 meses en detrimento del principio de legalidad y el debido proceso, las garantías judiciales; los detenidos no tienen la oportunidad de ejercer su defensa por medio de sus abogados, las audiencias judiciales son realizadas en agrupamientos, las pruebas son las declaraciones de policías que los detienen, argumentos falsos y los más repugnante que los jueces pronuncian resoluciones judicializando las calumnias o artificios.
Todo esto deja más preguntas que respuestas en el sentido de que ante qué tipo de seguridad jurídica tenemos como país. Entonces la culpabilidad de los inocentes está construida de manera ilegal y arbitraria sobre la supuesta base ser miembro de “ASOCIACIONES ILÍCITAS”.
Lo anterior evidencia los niveles de violaciones al debido proceso, a ser oído y vencido en juicio público con todas la garantías judiciales al alcance para defenderse. Cabe preguntarse: ¿está el Fiscal General de la República ejerciendo el control de legalidad? Porque, de lo contrario, es responsable de los daños a la integridad física, moral y mental de las víctimas de este régimen, decenas de miles personas en prisión víctimas de las arbitrariedades. Se habla de 134 víctimas mortales en centros penales y hospitales, torturados por decenas de miles; jueces y magistrados cómplices no solo de los atropellos a la Constitución y las leyes sino también a la integridad familiar de los detenidos injustamente.
La ARBITRARIEDAD es evidente y, por lo tanto, debe ser combatida desde el punto de vista ético y moral y jurídicamente, y no debe ser aceptada como norma general, porque de serlo estamos condenados a sufrir las consecuencias ya vistas.
La continuidad del régimen solo nos está demostrando que el presidente Bukele lo necesita para acallar las voces contrarias a sus propósitos, y por otro, significa un enorme fracaso de los planes de control territorial en los que ha invertido cientos de millones de dólares del erario. Este fracaso se evidenció fuertemente del 25 al 27 de marzo , cuando las pandillas asesinaron a más de 87 salvadoreños al azar, sin que hasta esta fecha haya demostrado e individualizado a los responsables de semejante salvajismo criminal.
Procedimientos administrativos oscuros y acontecimientos publicados en redes sociales han desvelado negociaciones sostenidas entre estructuras pandilleriles y funcionarios del Gobierno del presidente Bukele, acontecimientos que ha puesto al país en una grave encrucijada, ya que negociar con criminales es reconocerles capacidad y beligerancia nacional y hasta Internacional.
La suspensión de las garantías fundamentales parece tener la mirada no solo en las organizaciones pandilleriles sino al mismo tiempo a todo el que le contraríe o que no esté de acuerdo con sus políticas. Nada halagador estamos viviendo, ya que las aspiraciones democráticas se ven amenazadas y, por supuesto, quienes tenemos esperanza de su restauración donde prime la dignidad de la persona humana y el respeto a los más elementales derechos.
El régimen, al suspender las garantías constitucionales y judiciales, ha destruido el debido proceso en materia penal y, por supuesto, el principio de legalidad que debe regir en todo proceso penal.
El estado social de violencia criminal implantado desde ha décadas por las llamadas estructuras pandilleriles se pudo haber cortado desde sus inicios. El asentimiento o condescendencia del poder político con las mismas hizo que estas estructuras crecieran a niveles inimaginables, tomaran el territorio nacional, secuestraran, torturaran, mutilaran a niñas y niños, adultos y ancianos, extorsionaran y muchas víctimas fueron sepultadas en cementerios clandestinos, véase la fosa de Chalchuapa y otras.
El resultado de este cúmulo de atrocidades contra la población tuvo como resultados un régimen de excepción improvisado que si bien ha logrado detener un tanto criminalidad, y la captura de un total de 67 mil personas en su totalidad, también es cierto que ha capturado y puesto en presión a más de 20,000 mil jóvenes y adultos inocentes, incluyendo hombres, mujeres y adolescentes sin ningún viso de juicio previo.
El sistema punitivo en su conjunto bajo la sombra del régimen de excepción, la policía y el ejército ya no es visto por la población como elementos de seguridad pública si no como una amenaza a la seguridad del ciudadano y la sociedad civil.
La persecución de un amplio sector de la población se está tornando negativa y cada vez se observa agravada. Por otra parte, la libertad de prueba es utilizada de manera abusiva por jueces y fiscales, negando el derecho de defensa de los imputados, lo que pone en peligro la libertad de los detenidos.
Más terrible se torna la socialización en las cárceles de criminales de larga data con los ARBITRARIAMENTE capturados y meterlos a una misma celda. Enfermedades y muerte les espera y prueba de ellos son los que son trasladados de los centros penales a los hospitales nacionales.
Mezclar a los más experimentados asesinos con quienes no lo son constituye mediadas inadecuadas si es que se vislumbra una resocialización a futuro.
Desde ese punto de vista, la medida es definitivamente lesiva a los derechos humanos. La erradicación del crimen organizado -llámese pandillas, narcotraficantes, blanqueadores de dinero y toda la trama del crimen organizado- es una utopía inalcanzable.
Socorro jurídico Humanitario.