En una entrevista con la BBC, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró que El Salvador le está ganando la guerra a las pandillas "sin derramamiento de sangre", pero reconoció además que ante un número de más 65,000 capturas durante el año del régimen de excepción, es posible que se cometiera errores y se haya arrestado a algunas personas que no tienen vínculos con pandillas.
Ulloa señaló además que el régimen de excepción continuará mientras se mantengan las condiciones que lo generaron, y que no se puede establecer una fecha límite, por el contrario, todo “dependerá de las condiciones en el terreno”.
A juicio del vicepresidente y pese a las constantes denuncias de diferentes sectores y la comunidad internacional sobre una grave violación a derechos humanos dentro del régimen de excepción, esto es solo "una mala percepción" de lo que ocurre en realidad en El Salvador.
Negó que la Policía ejecute capturas arbitrarias y señaló que, cuando los agentes acuden a capturar a una persona en una comunidad, es “porque tiene el perfil”.
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El vicepresidente señaló que son más de 3,000 salvadoreños que han sido libertados tras comprobarse que no tienen vínculos con pandillas, pero evitó hablar sobre los inocentes que aún están dentro de las cárceles esperando justicia.
“Como miembro del poder Ejecutivo, no puedo interferir en el trabajo del Judicial. En una democracia, en un Estado de derecho, la separación de poderes es clave”, expresó.
A su juicio, más del 90% de la población está de acuerdo con el régimen de excepción. “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”, exclamó, al ser consultado sobre si habrá alguna compensación o cómo el estado responderá a aquellas personas inocentes cuyos derechos fueron violados y que pasaron por la cárcel en condiciones inhumanas sin estar vinculados a la criminalidad.
Tampoco mencionó de qué manera el Gobierno está dando algún soporte a las miles de personas que fueron liberadas y que eran inocentes, pero que, tras haber estado en prisión durante meses, han tenido afectaciones psicológicas, familiares, laborales y económicas, entre otras.
El funcionario dijo estar consciente de que, algunas personas, "probablemente inocentes", pueden haber sido parte de las detenciones, y justificó que desde el gobierno se ha hecho “un gran esfuerzo” para mejorar y acelerar los procesos de justicia.
Sobre las familias que piden justicia de sus parientes detenidos injustamente, dijo que posiblemente “claman” por dos razones: una de ellas (“la más factible”, mencionó) es que no sabían lo que sus jóvenes estaban haciendo, en el sentido que sí tenían relación con grupos criminales y sus allegados no lo sabían; y agregó también que "porque son conscientes de que los muchachos o familiares son pandilleros, pero quieren que los dejen libres".
Ulloa se jactó de que El Salvador va por el buen camino, de "estar haciendo lo bueno, lo mejor", y que las "las quejas" que reciben sobre las políticas implementadas desde el gobierno central vienen de "pequeñas élites políticas, un pequeño grupo de la oposición".
Ulloa negó además que la administración Bukele haya negociado con pandillas. "No hay, no hubo y no habrá ninguna negociación con las pandillas", dijo. Argumentó que los funcionarios señalados por Estados Unidos en negociaciones con pandillas, por la naturaleza de sus trabajos han tenido que lidiar con esos grupos criminales, pero que no ha sido una política del gobierno.
Organismos como la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se ha referido al régimen de excepción como una medida de largo plazo, que genera detenciones masivas arbitrarias, torturas y malos tratos, lo que también ha resultado en muertes bajo custodia del Estado.
La institución extranjera ha levantado las alarmas por el deterioro de garantías democráticas y de derechos humanos por el régimen de excepción y ha llamado a la comunidad internacional a aplicar sanciones al Estado salvadoreño.
Asimismo, ha señalado que El Salvador es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con más de 65 mil detenidos en el año de vigencia del régimen.
La organización salvadoreña Cristosal por su parte ha señalado que, a un año del régimen de excepción, se han documentado 132 casos de personas que han muerto bajo custodia del Estado.