A tres meses de la fecha en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debería tener definido el sistema de votación remota por Internet y el electrónico presencial para el voto en el extranjero; expertos electorales cuestionan que el organismo electoral sigue sin tener un registro de cuántas personas podrían ejercer el sufragio en el exterior.
Ruth Eleonora López y Malcom Cartagena, especialistas en materia electoral, recalcaron este punto, así como el silencio del TSE ante la “campaña electoral adelantada”, en el exterior y la poca transparencia en los rubros que deberán ser recortados en el presupuesto electoral, a raíz de la reducción de $30 millones en el gasto, entre otros.
Y es que el gobierno actual resalta de su gestión trabajar de manera articulada, sin embargo, no ha anunciado contribuir con el TSE proporcionando un registro de salvadoreños con pasaporte en el exterior para ser incluidos en el próximo padrón electoral. Esta es precisamente, una medida que urge, según López.
“No sabemos cuántos son los salvadoreños que votarían en el exterior. Se necesita urgentemente un convenio entre la Dirección General de Migración y Extranjería (que es la que emite pasaportes) y con Cancillería (quien termina entregándolos en el exterior) porque ese es el universo de personas que van a votar con pasaporte, el TSE debe incorporarlos al registro electoral”, dijo López.
“Hoy tenemos un millón de probables votantes en el exterior, pero ¿cuántos de ellos han demostrado la voluntad de querer votar? no lo sabemos”, agregó Cartagena.
La falta del padrón, explicaron los expertos, sería un factor determinante en el alto costo de las elecciones.
“El padrón de votantes en el exterior va a estar conformado por los que tienen DUI en el exterior, por aquellas personas que estén en el exterior con DUI de acá, y con los que tienen pasaporte. Entonces eso hace un universo bien volátil, que no es fácil establecer. ¿Por qué es tan caro el voto en el exterior? Por la incerteza del universo de votantes”, explicó Cartagena.
La urgencia de la información, también la sustentan en la información de pasadas elecciones.
“Para 2014 había 142,000 (personas) en el exterior con DUI, de los que se empadronaron 10,000 y de esos votaron 2,700. Para 2019 había ya 350,000 con DUI, de ellos se empadronaron casi 6,000, y de ellos votaron 3,800”, añadió Malcolm.
Abonado a la falta del padrón, los expertos señalaron el constante silencio del ente colegiado ante el cambio del presupuesto solicitado y la derogatoria del Art. 291-A del Código Electoral que prohibía hacer cambios en las reglas del juego un año antes de las elecciones.
“No hay un pronunciamiento por parte del Tribunal que advierta, como un órgano especializado, que diga: 'estos riesgos hay'", cuestiona López.
El 14 de marzo, el oficialismo aprobó derogar el artículo que establecía que no se admitirá ninguna modificación un año antes de las elecciones, a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo las que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección.
Sobre el silencio del TSE, también se cuestionó sobre la falta de pronunciamiento a la reducción del presupuesto y en temas de campañas adelantadas.
“Le cambian el presupuesto, le cambian las reglas, en temas de campaña electoral, que no puede sancionar porque ocurre en el extranjero, dice el TSE”, agregó López.
Sobre la propaganda adelantada, los expertos hacen referencia a los diferentes viajes a Estados Unidos de parte de diversos parlamentarios oficialistas para fomentar la idea de la reelección presidencial.
Presupuesto
Los expertos lamentaron el recorte que Hacienda hizo al gasto electoral y que fueron aprobados hace unos días por la Asamblea, cuando el titular del Ramo, Alejandro Zelaya, debió presentarlo a los diputados tal cual lo recibió del TSE.
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Para Cartagena, habría que definir un presupuesto determinado para suplir las funciones del TSE, de forma permanente.
“Se debiera dar por sentado un presupuesto fijo al Tribunal Supremo Electoral”, dijo Cartagena.
La Asamblea terminó aprobando $129.2 millones para las elecciones, lo que reflejó una reducción de $30 millones, de los $159 millones solicitados por los magistrados del Tribunal Electoral.