El régimen de excepción, aprobado la primera vez el 27 de marzo de 2023, justificó la suspensión del derecho de reunión y de asociación; derecho a la defensa técnica; derecho a permanecer detenido provisionalmente hasta un máximo de 72 horas; derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros derechos individuales. Ha sido prorrogado 12 veces.
En el contexto del régimen, 3,775 personas han sido liberadas de los centros penitenciarios. Ésta cifra ha sido divulgada por la representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El dato es creciente, no aparece actualizado y es superior a los 3,313 enumerados por el titular del Ministerio de Justicia.
El Departamento de Estado presentó la semana anterior un informe sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador y reiteró que los centros de detención se encuentran en un estado de hacinamiento. Esta observación también se deduce de los informes del MJSP y de la Dirección General de Centros Penales.
De acuerdo con los informes, hasta 2021 la capacidad instalada de personas detenidas en centros de detención era de 30,864; el número de personas detenidas lo superaba, siendo de 36,795. Sin embargo, para 2023, la capacidad instalada se ampliaría a las 70,864, si de los 27 centros de detención se suma el Centro de Contención para el Terrorismo (CECOT), mientras que el número de privados de libertad es de 98,815.
A un año de la entrada en vigencia del régimen de excepción en El Salvador, siete organizaciones defensoras de derechos humanos consignan que a la fecha han contabilizado 4,723 casos de violaciones de derechos humanos y 111 muertes de personas privadas de libertad.
Las denuncias recibidas en Cristosal fueron 3,145; IDHUCA recibió 514; Amate El Salvador registró 42; FESPAD recibió 297; el Servicio Social Pasionista tiene en sus registros 181; la Red de Defensoras 31 denuncias; Azul Originario registra 354 denuncias y el Socorro Jurídico Humanitario 1,354 denuncias en sus registros.
Según explicaron, el registro de muertes fue consignado a través de monitoreo de medios o testimonios de familiares al recibir los cuerpos, ya que la mayoría de éstos presentan signos de muertes violentas. Muchas de estas familias son amenazadas, se les advierte que no abran el ataúd o que no pidan una revisión de los cuerpos.
Según las organizaciones, el 95 % de las denuncias recibidas son por detenciones arbitrarias. San Salvador tiene la mayor cantidad de vulneraciones (1,897 víctimas), seguido por La Libertad (566). La principal institución señalada por violaciones a derechos humanos es la Policía Nacional Civil (PNC), con 74 % de presencia en las denuncias.
Las organizaciones han contabilizado un total de 101,558 personas privadas de libertad, con una capacidad para sólo 69,363 personas. Respecto al CECOT se detalló que, aunque este, en teoría, va a representar un incremento de 40 mil cupos, de los 29 mil 300 con los que contaba el Estado Salvadoreño, esto lleva a un poco menos de 70 mil espacios.
Sigue habiendo una sobrepoblación carcelaria y una incapacidad Estatal para sostener a las personas privadas de libertad. El CECOT tampoco resuelve los problemas de hacinamiento que ya están teniendo los centros penitenciarios en El Salvador.
A un año del régimen de excepción, son innegables sus resultados, también la aprobación de la población que se refleja en encuestas; sin embargo, no debemos dejar de tener el dedo en el renglón acerca de los señalamientos de violaciones a derechos humanos durante su implementación. Estos ponen en el ojo de la comunidad internacional al estado salvadoreño. Quizás hasta lo veremos en unos años en cortes internacionales por estos casos.
Abogada y defensora de los derechos humanos.