Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión indefinida al llamado “Plan B” de reformas electorales del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego de recibir una controversia constitucional del propio Instituto Nacional Electoral (INE), que regula las elecciones en México.
Con esta decisión, el ministro del Supremo mexicano Javier Laynez frena los cambios aprobados por el oficialismo en México a diversas leyes electorales, que fueron impugnadas al inicio de febrero pasado por el propio organismo electoral mexicano.
“El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, señaló la SCJN en un comunicado.
Según medios mexicanos, la reforma propone eliminar el 85% de las plazas de su servicio profesional y disminuir su estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales en todo el país, que son los órganos que preparan, organizan y celebran las elecciones, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país, de 125 millones habitantes, tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. Esto implicaría reducir los tiempos de capacitación de los funcionarios y deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Con el paquete de leyes se reducirán los salarios, la estructura institucional estatal del organismo electoral y el tiempo de capacitación de los funcionarios de las casillas, pero también se limitarán sus facultades de supervisión y sanción de los partidos y candidatos que no reporten los gastos de campaña.
De acuerdo con el INE, estas modificaciones electorales “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.
Este "Plan B" es el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al órgano autónomo que organiza las elecciones y ha defendido que no atenta contra la democracia mexicana y los comicios pese a las crecientes alertas de especialistas en México y el extranjero.
La determinación del ministro instructor se dio porque “el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.
Asimismo, la SCJN justificó que existen precedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de “vulnerar de manera irreparable derechos humanos”.
“En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, indicó el Supremo mexicano.
Por su parte, Laynez también recordó que, tanto el Congreso mexicano como el presidente López Obrador, podrán manifestar sus contestaciones por la aprobación y publicación del “decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
“En este mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal”, precisó la SCJN.
Con la suspensión del ministro mexicano se frena el despido de forma inmediata al secretario ejecutivo del INE, el despido masivo de un 80 % del personal de carrera electoral en el organismo, un recorte a su presupuesto, eliminación de sus organismos estatales y locales así como a la extinción de dos fideicomisos.