Ante los continuos escándalos y decepciones en el sector de las criptomonedas, con quiebras de bancos y plataformas, los reguladores buscan soluciones para proteger a los particulares de los repetidos fraudes y estafas.
A la caída la semana pasada del Silicon Valley Bank (SVB) que hace temblar las finanzas mundiales, se suman las de dos entidades más pequeñas pero valoradas en esta industria, Silvergate y Signature Bank.
Meses atrás se hundió la plataforma de intercambio FTX, uno de los principales actores del sector.
Son estas plataformas de intercambio a menudo opacas las que las autoridades quieren regular porque son "el vínculo entre el mundo a la vez tecnológico y financiero de las criptomonedas con una población novata y bastante desinformada", explica a la AFP Ludovic Desmedt, profesor de economía en la Universidad de Borgoña.
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En Francia, un 8% de la población había usado criptomonedas en 2022, el doble que antes de la pandemia, según un sondeo de la Asociación para el Desarrollo de los Activos Digitales (ADAN).
El mercado de las criptomonedas representa más de un billón de dólares. Su valor ha remontado en los últimos meses, aunque todavía está lejos del pico de tres billones alcanzado a finales de 2021.
- Particulares en peligro -
"La población interesada es al mismo tiempo la más favorecida y la más desfavorecida", explicó a principios de marzo durante una mesa redonda en el Senado francés Bertrand Peyret, secretario general adjunto de la Autoridad de Supervisión Prudencial y de Resolución.
Estos ahorradores "llegaron durante los confinamientos a un mercado no regulado y tomaron grandes riesgos sin saberlo, a veces en operaciones ilegales", dijo a la AFP Martin Walker, que organizó en 2022 en Londres una conferencia crítica contra las criptomonedas.
Este experto habla de "conflictos de intereses importantes, dado que (estas plataformas) venden a sus clientes activos en los que a menudo están posicionados".
A ello se suma la extrema inestabilidad de los valores, caja de resonancia de la volatilidad de los mercados, "en un fondo de opacidad de las cuentas, puesto que los valores de los activos son muy a menudo determinados en países offshore".
Las transacciones ilícitas realizadas con criptoactivos en 2022 se han más que duplicado en un año hasta casi 21.000 millones de dólares, a pesar de que el mercado se ha encogido, según la plataforma de datos Chainalysis.
Eso sin tener en cuenta ciertos usos ilegales, como el narcotráfico.
- En busca de una regulación -
Para limitar el riesgo, la Unión Europea (UE) acordó un proyecto de reglamentación (MiCa) que exige a las plataformas más transparencia y rigor y que debería entrar en vigor el próximo año.
En Estados Unidos, mientras los legisladores diseñan un marco legal preciso para las criptomonedas, la Casa Blanca pidió en septiembre mano firme contra las acciones ilegales en el sector basándose en reglas que existen para las finanzas clásicas.
El regulador de los mercados SEC inició en enero procedimientos contra las plataformas Genesis y Gemini.
Y en febrero, el regulador neoyorquino prohibió a la mayor plataforma del mundo, Binance, emitir su "stablecoin", una criptomoneda cuya cotización supuestamente está vinculada al dólar.
En Reino Unido, el gobierno inició a principios de año un proceso de consulta para establecer un marco regulador del sector, pero sin asfixiarlo, a riesgo de quedar retrasado respecto a la UE y Estados Unidos.
Encontrar la forma de regular las criptomonedas "no es evidente", señala Stéphane Reverre, confundador de la consultoría Sun Zu Lab.
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Aunque los riesgos de los pequeños tenedores son grandes, "el mundo cripto está basado en la búsqueda de descentralización y supresión de los intermediarios", lo que va a contracorriente de la reglamentación, subraya.
Algunas empresas están a favor, como es el caso de la francesa Coinhouse, que pretende "la transformación de una parte de la industria financiera y del mundo de los pagos" y aspira a tener "una clientela de ahorradores", explicó ante el Senado su director general, Nicolas Louvet.
Pero Reverre indica que si los actores del sector "quieren acceder a los pequeños ahorradores, deben aceptar una parte de regulación o arriesgarse a quedar al margen del sistema financiero".