Si el gobierno quiere lograr un equilibrio en las finanzas públicas deberá hacer un ajuste fiscal de alrededor de $1,100 millones. Eso es lo que le sugirió de nuevo el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la gestión de Nayib Bukele en su reciente misión en el país.
Los expertos del organismo internacional revisaron las finanzas salvadoreñas y volvieron a insistir en apretar tuercas, sobre todo en los gastos, aunque también en aumentar ingresos.
Pero a diferencia de los informes que ha emitido el Fondo en años anteriores, el que ha dado a conocer hace un mes sobre la evaluación que hizo del 2022 es más exigente, pues plantea un ajuste fiscal de casi el doble de lo que había señalado en años anteriores.
Por ejemplo, tras analizar las finanzas de 2021 recomendó el año pasado un ajuste de $600 millones, pero este año ha indicado que el recorte debería ser del 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto), lo que equivale a $1,113.58 millones, ya que la producción de 2022 fue de $31,816.6 millones, según datos a diciembre del Ministerio de Hacienda.
“Deberían continuar los esfuerzos para lograr su sostenibilidad en el mediano plazo. En este contexto, es necesaria una consolidación fiscal inclusiva y favorable al crecimiento, respaldada por medidas estructuralmente sólidas que asciendan a alrededor de 3½ por ciento del PIB en los próximos tres años, que impulse la confianza del mercado y proteja el gasto prioritario en lo social y en infraestructuras”, dice el informe preliminar del FMI.
PUEDE VER: Gobierno necesitará que bancos le presten $3,200 millones en 2023
Para el economista Ricardo Castaneda, del Icefi (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), el ajuste que recomienda el FMI “implica que pueden ser tanto medidas de aumentar ingresos o reducir gastos o una combinación de ambas”.
El especialista opina que lo que está señalando el organismo es “para poder lograr que la deuda pública sea sostenible en el mediano plazo, (porque) evidentemente El Salvador sigue teniendo problemas en sus finanzas públicas y, por lo tanto, tiene que tomar medidas”.
Y la lectura que hace otro experto en finanzas públicas, que prefiere no ser citado, es que el Fondo Monetario al señalar que la consolidación fiscal debe estar “respaldada por medidas estructuralmente sólidas” se refiere a que “se requiere un plan económico” porque no lo hay.
Castaneda indica que desde el Icefi han advertido que no todas las medidas son neutrales porque, por ejemplo, el FMI recomienda el aumento de impuestos al consumo como el IVA.
“Nosotros hemos indicado que un aumento del IVA lo que podría provocar es un aumento de la pobreza”, afirma el economista.
En cambio, considera que por el lado de los ingresos se debería asegurar que “se cobren a las personas que más dinero tienen”; pero también opina que se debería hacer una mejora sustancial en el combate a la evasión y elusión fiscal.
El Ministerio de Hacienda lanzó en febrero la fase 4 del Plan Antievasión, mediante el cual el gobierno ha arreciado el control hacia la empresa privada para obtener más recursos, pero ha dejado de lado al sector informal que supera el 60% de la actividad económica en el país.
“Vamos a reforzar lo que impulsamos en 2019 y que nos ha dado buenos resultados, son cerca de $1,800 millones adicionales los que se recaudan gracias al combate frontal a la evasión y el contrabando”, aseguró el ministro Alejandro Zelaya, el pasado 13 de febrero.
Aunque, por otro lado, Castaneda señala que es importante que el gobierno haga recortes en el gasto público, pero que “no afecten las áreas sociales, sino más bien que los recortes se concentren en el gasto público superfluo, por ejemplo: los seguros privados para funcionarios públicos, viáticos, asesorías que se contratan y que muchas veces son innecesarias”.
TAMBIÉN: Gobierno recorta gastos en subsidios para 2023
Bajar la deuda es “máxima prioridad”, afirma el FMI
El Fondo Monetario también le señala al gobierno que debe reducir la deuda pública, sobre todo porque tiene “limitantes” para el acceso a préstamos. Pero a juicio del experto en finanzas públicas, en realidad las puertas para obtener financiamiento en el mercado internacional “están cerradas” para El Salvador.
“El desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducir la deuda a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales, es la máxima prioridad”, apunta el FMI.
Y si bien considera que la deuda pública ha descendido hasta el 77% del PIB en 2022, el organismo remarca que “sigue siendo elevada y se encuentra en una senda insostenible”.
ADEMÁS: FMI recomienda a El Salvador reestructurar salarios públicos y orientar mejor los subsidios
Según datos oficiales, el gobierno actual ha elevado la deuda pública en más de $5,000 millones de como la encontró en 2019 cuando asumió el poder, pues pasó de $18,878.6 millones a $24,235.4 millones en 2022.
De allí que el Fondo es contundente en su informe y enfatiza que “a partir de este año, es necesario redoblar los esfuerzos para desarrollar un conjunto equilibrado y bien articulado de medidas que apoyen la consolidación (fiscal)”.
Además apunta que si bien el presupuesto aprobado para 2023 mantiene el gasto primario sin cambios, “es necesario un mayor esfuerzo para afrontar las limitantes al financiamiento, en el contexto de una disminución prevista de los ingresos”.
Las cuatro áreas donde el FMI considera que se pueden hacer ajustes son en los ingresos tributarios, a través del Plan Antievasión y de subir impuestos al consumo, es decir el IVA; la otra es mediante la eliminación de escalafones salariales, la revisión de las remuneraciones y el “redimensionamiento del empleo público”. Esto último, según el experto en finanzas públicas, significa reducir el tamaño del Estado, es decir que haya menos instituciones públicas.
La tercera área es elimiinar el subsidio al gas para todos y focalizarlo mediante una tarjeta. Y la cuarta es evaluar la reforma de pensiones, aprobada en diciembre 2022, con un nuevo estudio actuarial pues considera que el aumento del 30% acelerará que se agoten los fondos de las cuentas de los trabajadores.