La ruina que dejó el terremoto del 6 de febrero en Turquía, donde murieron unas 46,000 personas, es parte de un escenario que podría no ser tan lejano para países que se encuentran en zonas con alta actividad sísmica, como El Salvador, advierten especialistas.
Días y semanas después de que el sismo de magnitud 7.8 afectara a ese país, se conocieron detalles que han conmocionado al mundo debido a la alta responsabilidad de las autoridades en la muerte de decenas de miles de víctimas. Lo anterior debido a que el sismo fue más desastroso debido a los pobres controles y supervisiones que hay en ese país sobre el sector de la construcción, pese a que en ese territorio existen normativas bastante estrictas y modernas para prevenir este tipo de situaciones.
Ante esta coyuntura, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) desarrolló ayer un conversatorio con ingenieros expertos en infraestructura, quienes analizaron el caso de Turquía y Siria y la situación salvadoreña con respecto a la actividad sísmica.
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Una de las principales valoraciones de los expertos es que, en términos de devastación, no es la magnitud de un terremoto lo que causa las muertes, sino la poca calidad de las estructuras y edificaciones.
“Es importante crear conciencia de que los terremotos no matan a la gente, lo que mata son las edificaciones que colapsan”, señaló el experto Héctor David Hernández, quien participó en las ponencias.
Un ejemplo de esto es el terremoto que afectó a Chile en 2010, el cual dejó la suma de “solo” 512 fallecidos pese a tener una magnitud de hasta 8.8; mientras que otro, como el de Haití, también en 2010, tuvo una magnitud de 7.0 y dejó la devastadora suma de más de 220,000 muertes.
Para el caso salvadoreño, el terremoto de 1986 tuvo una magnitud de 5.7 y dejó casi 600 muertes más que el terremoto de 2001, el cual alcanzó la magnitud de 7.6.
En ese sentido, Hernández también afirmó que el caso de Turquía, que experimentó un terremoto de igual magnitud que el de enero de 2001 en El Salvador, es una consecuencia de una falta de interés de ese gobierno por prevenir catástrofes de ese tipo, pues la mayoría de víctimas mortales en ese país vivían en edificios construidos bajo deficientes controles y supervisión.
Por ello, el experto añade que en este tipo de casos las autoridades deben verificar el estado de las edificaciones, sobre todo de aquellas que han sido erigidos bajo normativas pasadas, algo que podría haber ocurrido en el desastre de Turquía.
Trasladando esa valoración al plano nacional, Hernández considera que en el país “una de las acciones urgentes que deben hacer las autoridades es identificar cuáles son los edificios vulnerables”, es decir, que son propensos a sufrir daños o derrumbes en un evento sísmico.
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Lo anterior debido a que, sobre todo en la zona metropolitana de San Salvador, hay muchos edificios que datan de años anteriores a los últimos eventos sísmicos de gran magnitud (1986 y 2001), por lo que la urgencia radica en que deben observarse para prevenir futuras situaciones negativas.
Pese a esta posibilidad, el ingeniero Fredy Herrera aclara que “no creo que estemos en la misma situación de Turquía”, pues lo ocurrido en ese país es un hecho aislado incluso dentro del mismo país; sin embargo, señala que en el país se da más la construcción informal, es decir, la que está fuera de la regulación, algo que podría derivar en efectos negativos en caso de eventos naturales como un terremoto.
Por ello, Herrera añadió que “los terremotos son los jueces de las construcción, pues una vez ocurren, nos dicen todo lo que hemos hecho mal”.
En Turquía más de 135 constructores fueron detenidos por el derrumbe de edificios, al tiempo que el gobierno enfrenta presiones y reclamos por no haberlos obligado a cumplir con normas de seguridad.
No hay datos recientes
Ante esa necesidad de priorizar la inspección de las edificaciones en el país, el último dato que se conoce al respecto data de hace un año, cuando la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) anunció que, junto a expertos de Japón, comenzarían la evaluación de hasta 300 edificios, en un proyecto que se extendería hasta 2026.
Hasta la fecha, el sitio web de esa oficina no ha publicado información nueva relacionada con el proyecto Hokyo, como se llama la iniciativa patrocinada por Japón, por lo que el listado actualizado de esos edificios, se desconoce.