Los diputados que conforman la comisión especial que indaga los fondos que la Asamblea trasladó a varias ONG en legislaturas anteriores recibieron este lunes el informe final del equipo de abogados que colaboró con ellos en delimitar los supuestos delitos en que habrían incurrido los exfuncionarios.
De acuerdo al equipo jurídico, tras las entrevistas realizadas por la comisión especial y las pruebas obtenidas advierten el cometimiento de cuatro posibles delitos que podrían ser investigados penalmente, estos son: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, peculado y negociaciones ilícitas.
Sin embargo, expresaron que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien concluya toda la investigación. “Con el ánimo de mantenernos en la legalidad, la calificación jurídica o el señalamiento lo realizará la Fiscalía, con base en los hechos denunciados”, informó el abogado José Machado.
Añadió que, de acuerdo a la reforma aprobada por la Asamblea, a estos delitos se podrá aplicar la imprescriptibilidad sin importar que hayan sido cometidos antes o después, y podrán ser juzgados en cualquier momento.
“Son delitos que han sido cometidos en legislaciones anteriores, que con la legislación anterior la mayoría estaban prescritos, pero ahora tenemos una reforma en la que se ha hecho un trabajo específico en delitos de corrupción, peculado, actos arbitrarios y cometidos por funcionarios públicos que ya no prescriben, ya sea que sean cometidos antes o posteriormente a la reforma”, indicó Machado.
Es así que relacionó delitos contemplados en el Código Penal como actos arbitrarios, previsto y sancionado en el Art. 320, con prisión de 2 a 4 años; además, señaló que por la modalidad y la forma en que han sido cometidos estos delitos, de manera “sistemática y consecutiva a través del periodo de tiempo que estuvieron en la función pública, deberá aplicárseles la modalidad de delito continuado”.
Según dijo, esta modalidad es un hecho punible, contemplado en los Arts. 42 y 72 del Código Penal, con una pena de cárcel de entre 4 a 6 años, además, conllevan una pena accesoria, que es la inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo de tiempo.
Añadió que dentro de los delitos de corrupción, el delito de mayor relevancia es el delito de peculado previsto y sancionado en el Art. 325 del Código Penal.
Señaló que este se clasifica de acuerdo al perjuicio cometido dependiendo del monto en dinero, lo cual puede llevar de entre 6 hasta 15 años de cárcel y la pena se incrementa hasta en una tercera parte del máximo cuando hay un beneficio a favor del funcionario público, es decir hasta 10 años más de prisión.
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La diputada presidenta de la Comisión, Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, informó que no serán los diputados quienes determinen la responsabilidad penal, sino la Fiscalía. Según la comisión especial, $279 millones fueron trasladados a ONG sin argumentos sólidos.
Entre algunos de los exfuncionarios que fueron llamados a declarar a la Comisión especial de las ONG están: la exdiputada Lorena Peña, del FMLN; la exdiputada Milena de Escalón, de ARENA; el ex presidente magistrado del TSE, Eugenio Chicas; y el exdiputado efemelenista Jorge Schafik Hándal, entre otros.