El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) contabiliza cuatro casos de personas que murieron bajo custodia del Estado y fueron enterradas en fosas comunes, sin que sus familiares fueran informados por las autoridades correspondientes.
“Iniciamos la sistematización de las personas inocentes que el Estado capturó, metió en prisión, mató y enterró en fosas comunes sin dar aviso a familiares. Ninguno está perfilado como pandillero, todos sin haber sido vencidos en juicio”, se lee en el tuit publicado por el Socorro.
Ingrid Escobar, abogada del Socorro, considera que el Estado está obligado a reparar el daño causado a las familias y para ello debe someter a la justicia a los que teniendo la responsabilidad de informar a la familia, no lo hicieron.
“En principio el Estado debe reconocer el error y la cadena de responsables para individualizar, si hubo negligencia estatal en la atención de las enfermedades crónicas de estas personas o si hubo torturas por parte de otros internos, cuestión que no se ha hecho”, explicó.
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Además, Escobar manifestó que el Estado debe implementar acciones de reparación y no repetición a través de acciones como una disculpa pública y una indemnización por daños y perjuicios.
“Estas personas no solo fueron acusadas de terroristas, no se les respetó la presunción de inocencia, sino que además, no se les permitió el derecho a defensa”, explicó.
La abogada dice que es obligación del Estado pagar los gastos en que las familias incurren para lograr la exhumación y los gastos fúnebres, así como, brindar ayuda psicológica y médica al círculo familiar más cercano de las víctimas.
En el caso de las familias que siguieron llevando paquetes a Centro Penales por varios meses, por que no se les informó que su familiar había fallecido, el Estado debe devolver el costo y todos los gastos que incurrieron, expresó Escobar.
Por su parte, Ramón Rosales, abogado del Socorro, agregó que una de las rutas que deben seguir las familias afectadas es presentar demandas conjuntas ante la Corte Suprema de Justicia y elaborar informe y remitirlo al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Rosales agregó que como Socorro Jurídico solicitarán un informe a Medicina Legal sobre las muertes bajo custodia del Estado.
Henry Eleazar Joya Jovel
Henry Eleazar Joya Jovel, de 45 años, murió el 8 de mayo de 2022 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja, de San Salvador, pero con el nombre de Enri Cuéllar Jovel.
Sus familiares se enteraron de su muerte hasta el 19 de septiembre, cuando su hermano debido a que no le daban información de él, decidió ir a Medicina Legal.
El nombre de Henry no aparecía en la lista de personas enterradas en una fosa común, pero cuando el hermano pidió que le mostraran las fotografías de los cadáveres sepultados, reconoció a Henry, que había sido enterrado el 8 de julio bajo otro nombre.
De acuerdo con la familia, Henry fue capturado el 21 de abril en la colonia Luz, en San Salvador; bajo el régimen de excepción, por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, pertenecer a pandillas. Pero Jesús Joya, hermano de la víctima, asegura que su hermano no era ni por cerca ningún miembro de las pandillas.
“Él no era una persona normal, padecía de amnesia y hablaba incoherencias, pero en la colonia Luz todos los vecinos lo querían porque era bien servicial, era bien obediente”, afirmó Jesús Joya
Rafael López Castellón
Rafael López Castellón, de 53 años, murió el 1 de junio de 2022, pero su familia se enteró de su muerte dos meses después, cuando un familiar fue a solicitar la solvencia de antecedentes penales.
López era molinero y fue capturado el 8 de abril de 2022 bajo el régimen de excepción acusado de agrupaciones ilícitas, según relató la familia a La Prensa Gráfica (LPG).
"Él convulsionaba y a lo mejor estando en el penal se puso mal o lo habrán maltratado. Uno no sabe", dijo German López, otro de los hermanos de Rafael, según cita LPG.
Lopez permaneció recluido en el penal de Mariona hasta el 17 de mayo de 2022 cuando fue ingresado en el hospital Zacamil donde murió y luego fue enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja, sin avisarle a su familia.
Rosa Avilés
Rosa Avilés, de 76 años, murió el 29 de noviembre de 2022 pero su familia supo de su fallecimiento hasta tres meses después cuando su familia fue a dejarle un paquete al penal de Apanteos y les informaron que ella había sido enterrada en una fosa común.
La adulta mayor fue capturada el 30 de abril de 2022 y aunque sus familiares le llevaban paquete mes a mes, nunca les informaron que estaba enferma.
Marvin Antonio Benítez
Marvin Antonio Benítez de 23 años, murió el 1 de junio de 2022 y fue enterrado en una fosa en una fosa común en el cementerio La Bermeja, pero su familia supo de su muerte hasta seis meses después.
Benítez había sido capturado bajo el régimen de excepción el 1 de abril de 2022 y estaba recluido en el penal de Mariona.
El joven era originario de La Palma, en el departamento de Chalatenango, y sus resorts fueron exhumados hasta el 23 de febrero de 2023.