La construcción del megapenal de Tecoluca está plagado de actos poco transparentes, desde la adquisición del inmueble donde se construyó hasta los montos totales de la obra.
Así lo señalan expertos que cuestionan las razones por las que el Ejecutivo ha puesto bajo reserva (de manera oculta) por dos años la información acerca de los costos, las empresas contratadas, los términos y condiciones del contrato para tal edificación.
Los especialistas subrayan que “ningún Gobierno tiene que esconder la información pública” porque “eso es actuar a espaldas del pueblo”.
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El pasado martes, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la finalización de la megacárcel que denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y que supuestamente albergará a 40,000 presuntos pandilleros capturados bajo el régimen de excepción que se ejecuta desde 2022.
Esto ha generado polémica dado que mientras el presidente Bukele ensalza dicho megaproyecto, expertos le reprochan el secretismo sobre cuánto costó el proyecto y bajo qué condiciones se adjudicó.
El abogado Jonatan Sisco, de la unidad anticorrupción de Cristosal, expuso a este medio que ahora que la Asamblea Legislativa está bajo el control de una sola fuerza política servil al presidente Bukele “se han creado leyes para favorecer la construcción de megaproyectos de este tipo” y sin transparencia.
“Cada vez menos transparentes”
A juicio de Sisco, es positivo que se realice construcciones de forma rápida, pero ve un grave retroceso en el uso de fondos públicos.
“Este gobierno ha abusado de la contratación directa para grandes proyectos y esto aquí y en China abre las puertas a la corrupción, es decir, abre las puertas al mal manejo del dinero de la gente”.
Mauricio maravilla, abogado y comunicador
“Las contrataciones para megaproyectos son cada vez menos transparentes y esto podría servir para favorecer a empresarios sin escrúpulos, financistas u operadores políticos protegidos por el Gobierno”, señala.
En la misma dirección opinó el experto en transparencia, Wilson Sandoval, quien destacó que toda la información respecto a la edificación de esa infraestructura “es información que no está disponible al público” y que gracias a los esfuerzos de la prensa se ha podido obtener uno que otro dato, pero hasta el momento “ninguno es oficial”.
Además, el especialista consideró que es prácticamente imposible dar un seguimiento completo a la inversión en infraestructura porque las instituciones encargadas de ejecutarlas ocultan la información.
Según el abogado de Cristosal, dicho proyecto podrían exceder los 70 millones de dólares, pero “ni siquiera ese monto conocemos” de manera oficial, criticó.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que el ocultamiento de información evidencia de que “este gobierno no esta comprometido con el tema de la transparencia, el combate a la corrupción y el adecuado manejo de fondos públicos”.
“Ahí la pregunta sería ¿qué ocultan?, ¿por qué no quieren que se conozca la información si están haciendo las cosas bien?, ¿por qué están ocultado esta información que es importante que la ciudadanía conozca?”, expresó Escobar.
Retrato fiel del Gobierno
Por su parte, el abogado y comunicador, Mauricio Maravilla, planteó que el megapenal retrata bien a la administración Bukele y es como su “proyecto insignia” por varias razones. Una es que se trata del tema de seguridad, que es el que más impulsos le da a la imagen del gobierno y en el que más oportunidades hay de culpar al pasado.
Otro motivo es que la edificación se hizo con el sello que ha caracterizado cada proyecto de Bukele: la “reserva de información”.
En ese sentido, el abogado recordó que en abril del año pasado los diputados oficialistas aprobaron sin mayor discusión y con dispensa de trámite la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales que, en lo medular, establece que la construcción de cárceles no se rija por la LACAP ley que buscaba evitar “compras a dedo” y buscaba prevenir la corrupción, pero que fue recientemente sustituida por una nueva ley más laxa.
Maravilla destacó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), contrató a tres empresas para ese fin (OMNI, DISA y Contratista General de América Latina S.A. de C.V, empresa mexicana) y declaró en reserva toda la información argumentado razones de defensa nacional y seguridad pública.
“La pregunta sería qué ocultan. ¿Por qué no quieren que se conozca la información si están haciendo las cosas bien?, ¿por qué están ocultado esta información que es importante que la ciudadanía conozca?”.
Eduardo escobar, director ejecutivo de acción ciudadana
No obstante, reprochó esta justificación. “Me parece un argumento demasiado pobre porque la construcción de este penal, como en todo proyecto público, es derecho de la ciudadanía saber cuánto costó y eso no tiene nada que ver con defensa nacional o cosas por el estilo. Nadie está pidiendo que el MOP haga públicos los planos y cuestiones de infraestructura que comprometan la seguridad de un centro de reclusión, sería absurdo, pero sí es necesario saber cuánto costó”, apuntó.
El también comunicador señaló que este gobierno ha abusado de la contratación directa para grandes proyectos. “Aquí y en China (eso) abre las puertas a la corrupción, es decir, abre las puertas al mal manejo del dinero de la gente”, criticó.
Finalmente, los expertos coincidieron en que la ciudadanía no debería normalizar que el Gobierno oculte la información pública, aunque esa práctica ya se ha convertido en algo cotidiano en la actual gestión.
