El presidente de la República, Nayib Bukele, no es la autoridad que define si una conducta de los ciudadanos constituye delito, no puede dictar órdenes de detención y tampoco puede acusar penalmente a una persona porque eso le compete a la Fiscalía General de la República (FGR).
Así lo afirman cuatro expertos al analizar la amenaza de encarcelamiento que lanzó el mandatario a un grupo de alcaldes por el cobro de impuestos a transportistas que proveen de mercadería a comercios locales.
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Al respecto, cuatro especialistas consultados por este medio no justificaron la ilegalidad de los líderes municipales, pero sí criticaron las acciones de Bukele de no respetar el debido proceso y la separación de poderes. Según los expertos, esto se debe a que el presidente sigue un modelo “autoritario” de gobierno.
“Los alcaldes que no retiren este cobro ilegal y no emitan una disculpa pública en la próxima hora, serán arrestados por extorsión”, escribió Bukele en su perfil de Twitter a las 3:58 p. m. de este viernes.
Esto generó una rápida reacción en los concejos municipales. El primer alcalde que pidió disculpas fue Antonio Fuentes, del municipio de Yoloaiquín, en Morazán. Según el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, René Hernández Valiente, los ediles fueron “intimidados” con la amenaza de Bukele.
“Desviación de poder”
El abogado constitucionalista Jonatan Sisco manifestó que el presidente podría estar incurriendo en “desviación de poder” y explicó que eso se da cuando una autoridad utiliza sus potestades o atribuciones para fines distintos a los fijados por la ley.
“La idea es dar apariencia de legalidad a un acto que tiene otros fines. Por ejemplo, si el presidente utiliza su poder para ‘salvequear’ (amenazar) a otros funcionarios estaría actuando fuera del margen de la ley”, expuso.
Sisco recordó que la Constitución y las leyes de El Salvador establecen que solo se puede proceder a la detención cuando existe orden por escrito, dictada por autoridad competente y que dicha orden debe estar debidamente fundamentada, es decir que deben existir por lo menos indicios de cometimiento de delito.
En ese sentido, manifestó que cuando el concejo municipal toma un acuerdo, ese acuerdo puede ser nulo o ilegal, e incluso podría ser un delito, pero “el presidente no es la autoridad que define si una conducta constituye delito o no”. Además aclaró que el presidente sí puede dar órdenes a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas, pero dentro de los límites establecidos por Constitución.
Bukele no es juez
Por su parte, el exmagistrado René Hernández Valiente criticó que cuando Bukele dice que va a capturar a los alcaldes por extorsión está asumiendo que él es el juez que va a decidir cuando la Fiscalía acuse, pero “esto no es posible”.
A su juicio, “esto es parte del autoritarismo que estamos viviendo en el país, que hace al presidente decir ‘los meto presos’, pero él no puede meter preso a nadie legalmente”.
Al preguntarle si Bukele se atribuyó funciones que no le competen, el exfuncionario respondió: “No es que se esté atribuyendo poderes de la Fiscalía y Sala de lo Constitucional, lo que pasa es que él sabe que éstas dos entidades son incondicionales de la Presidencia de la República pues han dado muestras suficientes de tener una genuflexión permanente al presidente”.
Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló a El Diario de Hoy que el motor de la gestión pública del actual gobierno es “ la amenaza, al miedo y a la imposición”.
Además, expuso que como en el país no se respeta el debido proceso, la ley que rige es que el presidente Bukele se autoatribuye la capacidad para detener un concejo municipal con el cual no está de acuerdo por alguna medida, pero enfatizó que realmente es a Fiscalía la que le compete determinar si hay delito que implique detención de los concejos municipales.
Escobar advirtió que si bien pueden ser ilegales y excesivas las medidas tomadas por las municipalidades es precisamente para eso que sirve el debido proceso con el que se puede revertir tales decisiones. Además, destacó que el oficialismo actúa de esa manera porque se ha dado cuenta que esa “espectacularidad y amenazas” es la que la gente aplaude, pero cuando la gente exprese que no le gusta eso, él dejara de actuar así.
El concejal de San Salvador por Nuestro Tiempo, Héctor Silva, recalcó que la acción de los ediles es contraria a la legalidad y ética.
Sin embargo, subrayó que la crisis económica en las comunas no inicia con esto, sino que es “producto de las decisiones arbitrarias y sin sustento de parte del Ejecutivo, particularmente la eliminación del Fodes”.
Una actitud “bastante irresponsable”
En ese sentido, Silva dijo que con esto el presidente Bukele toma una actitud “bastante irresponsable” al no asumir las consecuencias de sus decisiones.
“Qué fácil es decir ‘sí metamos presos a los alcaldes’, pero yo creo que el presidente debería de reflexionar por qué es que las alcaldías están funcionando solo con la mitad de los horarios, por qué están despidiendo a tantas personas. ¿Todo es culpa de los alcaldes o tengo yo alguna responsabilidad en el hecho?”, sugirió.
El concejal dijo que el mandatario siempre obedece el patrón de ver los problemas de los demás, pero no su actuación ante esas situaciones.