Líderes comunitarios de más de 30 sectores en el país denunciaron que detrás de la captura de cinco líderes de Santa Marta, Cabañas, está una intención del gobierno actual de reactivar eventualmente los proyectos mineros en los que la comunidad ha tomado la iniciativa de oponerse y rechazar.
Saúl Callejas, presidente de la Asociación comunal El Papaturro, dijo que les preocupa lo que está sucediendo en Santa Marta porque se convierte en “delito” el hecho de pertenecer a una organización comunitaria que vela por los derechos humanos y la defensa de los territorios. “Vemos ahora cómo el gobierno, de manera deliberada, en el marco del estado de excepción, va y criminaliza esta lucha”, advirtó.
Lila Alvarenga denunció que en las semanas posteriores a las detenciones de los líderes en Santa Marta los pobladores han observado en la comunidad una mayor presencia de patrullas policiales, visitas directas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a líderes comunitarios, lo que genera un clima de temor en los habitantes de ese lugar.
“Nosotros, que somos de comunidades repobladas, hemos pasado por la misma historia antes”, recordó Alvarenga, razón por la que afirmaron tomar la decisión de reunirse entre representantes de comunidades.
Para los líderes esto es peligroso porque, en sus palabras, se “criminaliza” no estar de acuerdo con proyectos, acciones e intervenciones del Estado en los diferentes territorios. “Ya no es la búsqueda por controlar el crimen organizado sino es la criminalización de compañeros y compañeras que son líderes históricos”, relató Callejas.
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Debido a ello es que comunidades de los departamentos de Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Salvador y Morazán han sostenido una reunión de dos días para compartir la preocupación que se desglosa a raíz de lo sucedido en la comunidad de Santa Marta.
Estas comunidades también realizan una lucha constante por el agua, en contra de la minería y con actividades empresariales que afectan sus territorios.
David Marroquín, de comunidades organizadas de Usulután, expresó que lo preocupante para su gente también es que ahora luchar por las comunidades es un delito, porque en sus territorios se tienen proyectos vecinales de agua potable, en los que el gobierno nunca realizó una intervención. “Ahora organizarse para eso es un delito”, dijo.
Tras las capturas, varias organizaciones ambientalistas salieron a denunciar que en el fondo las autoridades fiscales y policiales no estén buscando justicia para María Inés Alvarenga, de cuyo homicidio durante la guerra acusan a los líderes, sino que estén utilizando el caso para descabezar a los principales líderes de la lucha contra la minería.
Acuerdos de paz
Otro de los aspectos que conectan los representantes comunitarios con la captura de los líderes de Santa Marta es el rechazo que ha expresado el gobierno actual a los Acuerdos de Paz, los cuales les permitieron repoblar sus lugares de origen y obtener una vida en las que se respeten sus derechos.
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“Los Acuerdos de Paz fueron fundamentales para una transición de la guerra a una vida donde se pueden construir mecanismos democráticos”, destacó Saúl Callejas, quien destacó que esas comunidades son producto de los Acuerdos de Paz.
Son estas comunidades que han realizado una intervención significativa en la lucha por la vida, como describen ellos, en las que ponen como prioridad los recursos que tienen en los territorios y los cuidados de los mismos.
“No reconocer los Acuerdos de Paz es negar la existencia de las comunidades históricas como Santa Marta”, explicó Callejas.