Estados Unidos formará una alianza con 11 países del continente americano para establecer "nuevas normas de conducta" que mejoren la estabilidad de la región y que se enfoque en promover un crecimiento económico integrado que haga frente a problemas comunes como la inflación, el impacto de la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania.
Pero ser parte de la "Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas" requerirá que los socios cumplan requisitos clave que formarán parte de los pilares de esa asociación regional.
José Fernández, subsecretario de Estado para el crecimiento económico, energía y medioambiente de Estados Unidos, explicó este lunes en conferencia telefónica con periodistas de la región que la alianza, cuya declaración fue firmada el pasado 27 de enero, es una "prioridad" para el presidente estadounidense Joe Biden, la cual busca crear una "ambiciosa agenda" en el ámbito económico, de gobernanza, democracia, combate a la corrupción, entre otros ejes.
"En estos cuatro meses hemos mantenido amplias consultas con los gobiernos participantes para desarrollar una ambiciosa agenda que aborde las cuestiones vitales para nuestro futuro", indicó el funcionario y agregó que en este proyecto también participan sectores de la sociedad civil, sindicatos, empresas privadas y públicas.
De acuerdo a la declaración firmada, los países con los que arrancará esta alianza son: Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Sin embargo, no han sido incluidos ninguno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras.
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Ante la pregunta de por qué estos países no han sido considerados como socios, el funcionario de EE.UU. respondió que: "La alianza va a ser un marco que va a estar abierto. En esta primera fase vamos a enfocarnos en desarrollar un marco que refleje nuestro nivel de ambición. Después vamos a tener conversaciones con los países socios para extender el alcance esta alianza".
El subsecretario también fue consultado sobre si entre los requisitos que están poniendo sobre la mesa para formar parte de la alianza se tomará en cuenta que en un gobierno haya funcionarios sancionados por el Departamento de Estado por violaciones a los derechos humanos y volverse eso una limitante.
La respuesta de Fernández fue contundente: "Este es un marco que va estar abierto a países que compartan nuestra visión de un hemisferio más próspero y más democrático y va a haber países que no cumplan con esto, pero la gran parte de nuestros elegidos de América Latina están más que bienvenidos a ser parte… Se trata de crear una alianza en la cual los socios se sumen a estos objetivos".
En el caso de El Salvador, varios funcionarios del gobierno actual han sido sancionados por el Departamento de Estado, como parte de la Lista Engel (conocida como la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos) y también por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Magnitsky por señalamientos de actos de corrupción.
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El funcionario explicó que entre los pilares de la alianza está el de la "prosperidad compartida". En este unirán esfuerzos "los países que tengan la ambición de mejorar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, mejorar su sistema fiscal para buscar la mejor manera de contribuir a su propio desarrollo", enfatizó Fernández.
También trabajarán en el pilar de la sosteninilidad, mediante el cual buscarán mejorar las cadenas de suministro y cómo estar preparados para una próxima pandemia. Pero además uno de los propósitos es aprovechar el "nearshoring" en la región; por ejemplo, Fernández mencionó que México quiere convertirse en sitio de fabricación de semiconductores.
