El panorama económico y financiero para el país, en lo que respecta al 2023, parece no ser el más positivo, según lo apunta el más reciente informe de la financiera inglesa Emerging Finance (EMFI), la cual evalúa puntos como la deuda del país, las proyecciones de crecimiento económico y, sobre todo, el papel del gobierno de Nayib Bukele.
Puntualmente, el análisis de la financiera señala que este año los esfuerzos del presidente estarán enfocados “en mantener su popularidad de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2024”; sin embargo, sostiene que son las circunstancias económicas las que podrían significar un limitante en las acciones que tome Bukele para apuntalar esa popularidad.
Aún así, la agencia hace énfasis en que “el mandatario tiene todas las herramientas a su alcance, ya que controla por completo las instituciones del Estado, lo que le ha permitido extender el régimen de excepción y aprobar el aumento de las pensiones, dos medidas que han disparado la popularidad del presidente”.
De hecho, con respecto a lo señalado por EMFI, una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentada la semana pasada, arroja que el tema del régimen de excepción ha ayudado a que la población le otorgue buena nota tanto al presidente como a los distintos ministerios involucrados en el área de seguridad.
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Sin embargo, como señala la financiera, el tema de la seguridad no es suficiente para mantener inamovibles esos índices, pues estas medidas populistas (como el aumento de la pensión mínima a $400) “se verán limitadas por la crítica situación de las finanzas públicas”, por lo que, según EMFI, “el gobierno tendrá que ajustar el gasto público para evitar un evento crediticio en 2023” y esperar que otros factores externos, como una posible recesión en Estados Unidos, o el repunte del petróleo, no afecten o interfieran en los planes financieros.
El tema del gasto público ya ha sido señalado ampliamente por agencias calificadoras anteriormente, pues el déficit fiscal resultante (más gastos que ingresos en las cuentas del gobierno) supone una fuerte presión en las finanzas públicas, lo que se convierte en uno de los desafíos más relevantes.
Pero volviendo al plano político que analiza la financiera inglesa, uno de los puntos en los que hace énfasis es en la concentración de poder en el gobierno desde mayo de 2021 -cuando los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional- y advierte que debido a un fallo que la Sala impuesta emitió meses después “Bukele tiene el camino libre para ser reelegido”, algo que la Constitución salvadoreña prohibe.
Por ello, apunta que “es solo cuestión de tiempo que Bukele gane las elecciones presidenciales de 2024, ya que no solo logró su objetivo de concentrar todos los poderes, sino que su autoritarismo creció aún más tras la implementación del estado de excepción”.
¿Pero qué tiene que ver la situación política con la económica en el país? En este punto hay algo que el informe del EMFI no menciona pero que economistas en el país sí han apuntado, y es la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues a la fecha las negociaciones se mantienen estancadas y no hay señales de que el gobierno de Bukele esté interesado en retomarlas.
Lo anterior, más la concentración de poder podría enviar un mensaje negativo a los mercados internacionales, algo que provoca que la calificación de riesgo país se mantenga en categorías de “bonos basura”, es decir, apenas un peldaño arriba de la categoría de impago en las principales agencias calificadoras.
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Esto quiere decir que, pese a que el gobierno recientemente pagó hasta $604.1 millones, más intereses correspondientes al Bono 2023, que venció ayer, según el propio Bukele, la perspectiva negativa sobre el país se mantiene y, de hecho, EMFI subraya que su pronóstico para el cierre de este año es que esa calificación se mantenga en la misma categoría negativa, es decir, en CCC por los demás problemas relacionados con la finanzas públicas.
Problemas de sostenibilidad
Además del panorama político que abarca el EMFI en su análisis, también aborda los puntos relacionados directamente con la sostenibilidad financiera del país, la cual enfrentará “severos problemas”, según resume, pues en todo el 2023 enfrentará una fuerte carga de amortizaciones de deuda, incluso más allá del eurobono que recién terminó de pagar el gobierno.
Según la financiera, el gobierno deberá mantener una disciplina fiscal a lo largo del año para poder cumplir con sus compromisos de deuda, y recalca que deberá reducir el gasto de capital.
En este sentido, algunas de las estimaciones de la agencia es que, en todo el 2023, el país alcanzará necesidades brutas de financiamiento por hasta $2,142 millones, esto para hacerle frente a los compromisos de deuda como al financiamiento de la brecha presupuestaria, aunque señala que, para solventar estos puntos, la reforma al Sistema de Pensiones que entró en vigencia hace menos de un mes, podría ser la alternativa sobre la cual podría apoyarse el gobierno.
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“La reforma previsional eliminó el límite de endeudamiento que las administradoras de pensiones (AFP) deben mantener con el gobierno. En los últimos años, el gobierno ha obtenido alrededor de $250 millones de las AFP. Sin un límite definido, el gobierno podría obtener lo necesario para cubrir la brecha de financiamiento”, apunta.
Asimismo, hace eco de la posibilidad de que adquiera más préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), a la cual se suscribió el año pasado, aunque esto sumaría aún más deuda a la que ya tiene acumulada el actual gobierno.
En casi 3 años y medio que tiene la actual gestión, el endeudamiento de El Salvador aumentó en $5,224.1 millones, y pasó de $18,878.6 millones en 2019 a $24,102.7 millones en 2022, con cifras hasta noviembre, con un ritmo insostenible que, según el análisis de EMFI, podría cerrar el 2023 con un 78.2% del PIB.