En octubre de 2022 se cumplió un año desde que la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea comenzó el estudio de una Ley de Justicia Transicional. Los diputados suspendieron el proceso en febrero del año pasado y a la fecha no hay avances en el tema.
Desde entonces, los diputados se limitaron a trazar la ruta de entrevistas para recibir a algunos funcionarios del gobierno y a víctimas del conflicto armado, con el fin de conocer sus opiniones para elaborar por su cuenta una normativa que cumpla con los estándares de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que la Sala de lo Constitucional ordenó en 2016 que la Asamblea debía cumplir en una nueva ley.
“Lamentamos que la pasada legislatura no dio muestras de querer acatar, tras la presión nacional e internacional no lo hicieron, únicamente entregaron unas disposiciones que implicaban una nueva forma de amnistía, similar a la de 1993, restableciendo la impunidad que se quería combatir”, subrayó el 11 de octubre de 2021 Rebeca Santos, presidenta de la Comisión de Justicia y diputada de Nuevas Ideas.
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Sin embargo, a casi un año en que la Asamblea oficialista no avanza con dicha ley, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, recalca que todo apunta a que los diputados de Nuevas Ideas están esperando que el Ejecutivo les mande el proyecto de ley, solo para darle trámite.
“Estos diputados no han querido estudiarla o no les dan permiso de entrarle a este tema, están esperando que el Ejecutivo haga su propia propuesta para poder iniciar el estudio, pero los diputados nos debemos al pueblo, pero ellos parece que solo responderán a lo que Casa Presidencial les diga”, cuestionó.
Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), es menos optimista.
Cuenta que hace casi un año los invitaron a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea para hablar de la nueva ley. En esa fecha, FESPAD llevó a los diputados un proyecto de ley elaborado por las víctimas del conflicto armado, pero lamenta que fue ignorado.
La única iniciativa que logró ingresar a estudio de la comisión fue el proyecto de “Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador”.
Esta normativa fue presentada por la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la aprobación de la Ley Integral de las Víctimas del Conflicto armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica. Sin embargo, tampoco prosperó.
Según Fino, al gobierno no le interesa ningún resarcimiento a las víctimas. Incluso, ve poco probable que desde Capres llegue a la Asamblea alguna iniciativa.
Cree que si no hicieron caso a la propuesta que presentó el exprocurador Apolonio Tobar, que se mostró “genuflexo” a las políticas del gobierno, menos lo harán con otros proyectos que involucren medidas de responsabilidad para todos los Órganos del Estado.