La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles ante el Juzgado Primero de Paz de Soyapango el requerimiento en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, detenida el pasado 28 de diciembre.
Una fuente de los tribunales del referido municipio confirmó a El Diario de Hoy que esta tarde el Ministerio Público se presentó ante el juzgado, a donde también fue llevada la edil, quien es acusada por lo delitos de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos.
La fuente señaló que desde tempranas horas se rumoraba que el Ministerio Público se presentaría este miércoles con los oficios, pues el plazo de los 15 días establecidos dentro del régimen de excepción para presentar la acusación de un detenido se vence este jueves 12 de enero de 2023.
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La Fiscalía ha dicho que solicitó que la detenida "siga en prisión mientras continúan las investigaciones".
Durante la presentación del requerimiento fue negada la entrada a El Diario de Hoy y otros medios televisivos. Montano fue sacada del Centro Judicial Integrado en secretismo.
La alcaldesa de Soyapango fue detenida el pasado miércoles 28 de diciembre, mientras se encontraba en su despacho. Dentro del plazo procesal normal, el requerimiento debió ser presentado el pasado 31 de diciembre; no obstante, la Fiscalía tardó dos semanas para hacerlo.
Para la abogada Lucrecia Landaverde, que el caso de la alcaldesa Montano sea presentado ante los tribunales dentro del plazo de 15 días del régimen de excepción, y no dentro de las 72 horas que establece el Código Penal para un caso común, es una violación al debido proceso.
"El caso de la señora alcaldesa es un proceso común, está siendo acusada por un delito de retención de cuotas laborales, no por un delito pandilleril", añade la abogada.
Para la profesional, que haya sido presentada hasta ahora responde a un "show" orquestado por las autoridades.
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"Como abogada puedo decirle que eso es un show, se lo digo con toda responsabilidad, porque el régimen de excepción solo se aplica a los pandilleros, puedo decir con toda la responsabilidad profesional que tengo: esta señora no está detenida, esta señora está en alguna parte, pero no detenida, porque ella está siendo acusada por retención de cuotas laborales, entonces no aplica el régimen de excepción para ella", opina.
Landavarde basa sus apreciaciones en el hecho de que no se está frente a un proceso especial, sino un caso de justicia común. "No es un caso para los tribunales especializados", acota.
A su juicio, que haya sido llevada dos semanas después a tribunales lleva una doble intención.
“La intensión de fondo es que a todas las personas independientemente si son o no miembros de pandillas les van a violar el debido proceso, y con esto lo que buscan es justificar que, como a una autoridad de la administración pública le hicieron audiencia dentro del plazo de 15 días entonces, a cualquiera le pueden hacer eso, pero eso es ilegal", sentenció.
El abogado Ángel Madrid también ha denunciado que dentro régimen de excepción no se está respetando el debido proceso y se suprime la garantía de inocencia a cualquier persona que es capturada incluso por un delito común.
"El régimen de excepción es una limitación de derechos fundamentales y garantías constitucionales para todas las personas dentro del territorio salvadoreño" señala el abogado.
Para Madrid, la captura de la alcaldesa de Soyapango, más que una respuesta al combate de la corrupción, como el gobierno lo ha presentado, responde a una estrategia de beneficio político de cara a una reelección inconstitucional ampliamente denunciada.