Desde 2021, la Asamblea Legislativa ha tenido un patrón constante: hacer de la excepción la regla, y en ese sentido ha aprobado leyes de forma exprés. La mayoría de estas normativas tienen que ver con disposiciones especiales para hacer contrataciones directas de obras millonarias con fondos públicos, saltarse la ley que fiscaliza su uso y exonerar de impuestos a las empresas que ejecuten los proyectos.
Inició 2023 y en la primera plenaria realizada el 5 de enero, los diputados del oficialismo junto a sus partidos aliados realizaron una “interpretación auténtica” a tres cuerpos de ley que contienen disposiciones transitorias para ampliar la evasión de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), no solo a la adquisición de bienes y servicios, sino también a todas las obras que se realizarán en distintas áreas.
En este cambio se incluyen mejoras en las instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES) previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del cual la UES será sede; obras de prevención y mitigación por daños ocasionados durante el paso de la tormenta Julia el año pasado; y los trabajos en la construcción de los nuevos penales, entre estos, el de Tecoluca, en San Vicente.
VER: Leyes aprobadas para que el Gobierno no de cuentas de cómo usa fondos públicos
En la discusión de los tres dictámenes en el pleno, los diputados de ARENA, César Reyes y Claudia Ortiz, de VAMOS, cuestionaron que en realidad la Asamblea oficialista lo que aprobó fue una modificación a la ley. Ortiz dijo que esto atenta en contra del “principio de irretroactividad” que contempla la Constitución.
Mientras que Reyes recordó que esta situación se ha venido observando desde la denominada “Ley Alabí”, que fue de las primeras normas que la bancada oficialista aprobó en abril de 2021, para autorizar las contrataciones de forma directa, sin pasar por la LACAP, de los insumos médicos y otros servicios que fueron necesarios durante la pandemia por covid-19.
“Ahora se habla de una interpretación (auténtica) que es mentira y es un fraude, lo que hacen es una modificación de ley, y lo hacen en los tres decretos, validando así acciones que seguro ya fueron hechas sin ninguna norma y regulación, es decir, que esta ley valide retroactivamente estos hechos y acciones realizadas fuera de regulaciones y normas”
César Reyes, diputado de ARENA
La “Ley Alabí” solo fue la punta del iceberg de lo que se vendría después en el trabajo legislativo con el fin de obviar la LACAP, pues desde entonces hay una decena, entre reformas, nuevas leyes y disposiciones especiales, que permiten al gobierno inaplicar la ley que controla el uso que el Estado le da a los fondos que son de los salvadoreños.
En noviembre de 2021, la Asamblea oficialista aprobó la “Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales” con tal de conferirle a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) la facultad de obviar la LACAP en todas las obras de infraestructura, bienes y servicios municipales.
La DOM es una entidad centralizada que funciona bajo órdenes directas de la Presidencia de la República y a la que en 2021 el Ministerio de Hacienda le trasladó $274.7 millones que eran del FODES, hasta ese entonces administrados por las municipalidades.
En el Art. 21 de creación de la DOM, se establece que esta institución tendrá una asignación de recursos destinados para la ejecución de obras, para atender a todos los municipios del país, que en ningún caso podrá ser inferior al 3% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General del Estado.
Cabe señalar que los alcaldes se quejan que la DOM se ha dedicado solo a reparar calles y trabaja más en los municipios gobernados por el partido oficialista Nuevas Ideas; incluso, en febrero del año pasado, el gobierno le trasladó la responsabilidad de ejecutar $26 millones de un préstamo para construir un área de consulta externa del Hospital Rosales, una función que según su ley de creación, no le compete.
Igual camino de evasión de la LACAP han tenido otros dos grandes proyectos que son apuesta del actual gobierno de Nayib Bukele.
Estos son la construcción del Tren y del Aeropuerto del Pacífico. En abril de 2022, la Asamblea aprobó la “Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico”.
En estos proyectos se adiciona también la facultad de expropiar terrenos bajo la figura de que son obras de utilidad pública o de interés social, para lo cual la Asamblea se adelantó aprobando la Ley de Expropiación de Tierras en noviembre de 2021. La DOM tiene las mismas potestades de expropiación.
Y no sólo eso, en estas obras de grandes proporciones, la ley contempla la exoneración de todo tipo de impuestos, tanto para el Ministerio de Obras Públicas, que será el ente rector, como para las empresas que desarrollen los trabajos.
En la Ley del Tren del Pacífico se establece que las empresas que participen en la fase de operación, mantenimiento y funcionamiento de los servicios comerciales gozarán de las mismas exenciones de impuestos hasta por el plazo de 25 años. Tampoco requerirán orden previa de franquicia aduanera de importación.
Los privilegios que el gobierno ha brindado en las leyes aprobadas para evadir la LACAP también han sido criticadas por la diputada de VAMOS, para quien no hacer uso de la ley que permite auditar los fondos públicos, es fomentar la “corrupción” al facilitar las concesiones de “dedo” a “la cherada” y a personas afines al gobierno.
“Parece que ya les gustó y sería muy ingenuo de parte de esta diputada pensar que no van a pasarse de listos algunos allegados al poder, si ya hay antecedentes de que amigos y familiares de quienes administran fondos públicos se aprovecharon de la emergencia evadiendo la LACAP”, afirmó Ortiz el 5 de enero.
Otras de las obras en las que se podrá evadir la LACAP y las empresas contratadas no pagarán impuestos son: la construcción del Viaducto de Los Chorros y las obras adicionales a ese proyecto en la carretera hasta San Juan Opico. En este proyecto hay en juego más de $400 millones de créditos.