El 15 de septiembre de 2022, en la celebración del Día de la Independencia en Casa Presidencial, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección en febrero de 2024.
Este es el siguiente paso en una larga trama de desmantelamiento democrático e institucional. Y no es solo un paso, sino el más obvio signo del desdén del oficialismo salvadoreño por la legalidad y por esa Constitución que juró defender al momento de asumir el poder por cinco años y ni un solo día más.
El anuncio hecho por Bukele contradice el texto y el espíritu de la Constitución, que es enfática en prohibir en al menos seis ocasiones que una persona permanezca en el poder más del tiempo estipulado. A decir, cinco años y ni un día más, como establece el artículo 154.
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Tan prohibida es la reelección presidencial inmediata que la Constitución además contempla sanciones para quien la promueva. Según el artículo 75, pierde sus derechos ciudadanos quien la promueva o suscriba proclamas que la suscriban.
Y es tan inmóvil la alternancia de la presidencia que es parte de las cláusulas pétreas establecidas en el artículo 248.
Pero ese 15 de septiembre, cuando paradójicamente se celebra la independencia y soberanía del país, los salvadoreños experimentaron un nuevo episodio de dominación y gobierno abusivo y arbitrario. El día en que se honra a la patria y sus gestas contra los tiranos, el presidente anunció que él quiere convertirse en uno y que para él, cumplir la ley máxima es opcional.
Un largo camino
Para procurar su permanencia ilegal en el poder, el bukelismo ha movido piezas estratégicas y desmontado el aparataje destinado a garantizar el cumplimiento de la Constitución.
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El primer movimiento sucedió el 1 de mayo de 2021, cuando en su primer día de trabajo los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados removieron ilegalmente a los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es decir, retiraron al árbitro a medio partido para colocar uno con su camisa y sin un atisbo de independencia.
Poco después, removieron al fiscal general que debería garantizar la legalidad y el Estado de derecho y procesar a quienes lo adversen.
Meses después, el 3 de septiembre de 2021, los abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional emitieron una dudosa resolución en la que afirman que la Constitución permite lo que abiertamente prohíbe en seis ocasiones: la reelección. Por ello fueron sancionados por los Estados Unidos.
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Rápidamente, el Tribunal Supremo Electoral emitió un pronunciamiento en que decía que acatarían el fallo, aunque esté adverso completamente a la Constitución. Y según un reportaje de Gato Encerrado, Casa Presidencial reunió a los magistrados previo a la resolución de la Sala impuesta.
Con la institucionalidad dominada, el campo estaba servido para el golpe más artero y obsceno a la ley máxima del país.
Reclama soberanía
El Presidente, al hacer el anuncio de que buscaría la reelección, aprovechó para adelantar que la comunidad internacional protestaría por ello.
En su discurso, Bukele retomó la gastada cantaleta de otros adherentes del autoritarismo que, ante condenas por sus golpes a la democracia, recurren a denunciar injerencias y a exigir respeto a su idea de soberanía.
Lo que dejó de lado el Presidente es que quien le prohíbe la reelección y a quien traiciona por buscarla no es a la comunidad internacional, sino a la Constitución. Misma que expresa la voluntad del pueblo salvadoreño de regirse por leyes y no por aprendices de monarcas.