Este 24 de diciembre, el gobierno lanzó de nuevo a las calles otro contingente de soldados y policías en la ciudad de San Salvador, ahora en busca no solo de pandilleros sino de traficantes de drogas en dos comunidades: La Tutunichapa y La Granjita.
El anuncio lo hizo el presidente, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, al igual que cuando se implementaron los retenes militares y policiales en Soyapango a principios de diciembre, desplegando para ello a 10,000 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía.
Desde que Bukele anunció la quinta fase del Plan Control Territorial, llamado “extracción”, ya militarizó un municipio completo y ha intervenido dos comunidades con el Ejército y la Policía.
Abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos hicieron sus valoraciones sobre dicha medida. Aunque con algunos matices, los profesionales coinciden en un punto: el gobierno está haciendo un “espectáculo mediático” de la supuesta “extracción”.
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“La seguridad pública en El Salvador es un producto espectacularizado, por lo tanto, lo importante no es el resultado sino la exposición pública de operaciones mediáticas”, aseveró Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Para el abogado constitucionalista Jonathan Sisco, el Estado tiene la suficiente información de inteligencia para ir directo a los culpables de cometer delitos de narcotráfico o de pertenecer a pandillas, en vez de afectar a toda una comunidad o un municipio.
“Es una conducta que no es proporcional, están pagando justos por pecadores. Es un acto de manera simbólica para hacer un espectáculo, pero en realidad debe estar investigando, pero no vemos ningún avance”, señaló Sisco.
En la implementación de estos retenes militares, el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, también apunta a que habrá que esperar el nivel de efectividad que estos operativos reflejen a largo plazo.
Bertrand Galindo califica de positivo, en parte, que se estén dando golpes al narcomenudeo, pues considera que son personas que también habrían cometido asesinatos y podrían pertenecer a pequeños carteles de la droga, pero que en realidad está por verse más adelante, si estas acciones rompen en definitiva a las estructuras criminales.
Existe el temor no solo en Bertrand Galindo, sino también es una inquietud que mostró la abogada Ruth López de que este mecanismo facilite una reestructuración de los grupos del narcomenudeo.
FOTOS: Militares cercan las comunidades Tutunichapa y La Granjita en San Salvador
López profundiza en que lo anterior podría generarse al observar que en las capturas que han realizado las autoridades de seguridad posiblemente no están quienes en realidad manejan las redes del narcotráfico en El Salvador.
“Lamentablemente falta algún tiempo para que conozcamos el centro real de estas operaciones y no me extrañaría que sea una respuesta a una próxima revelación del periodismo de investigación, como ha sido hasta ahora”, explicó López.
Según dijo, medidas como las ejecutadas este 24 de diciembre se anticipan a publicaciones periodísticas que revelan información “escandalosa” del gobierno relacionada a corrupción o abusos de parte del Estado.
Desde que se conoció de la ejecución del “cerco” militar en Soyapango, se dio la disyuntiva de si era legal hablar de cerco militar o de retenes, ya que actualmente, el régimen de excepción vigente no suspende la libre movilidad y circulación de las personas contenida en el Art. 5 de la Constitución.
Al respecto, Bertrand Galindo expone que se ha visto, al menos públicamente, que no se ha prohibido la entrada ni la salida de personas de los sitios en donde el Ejército y la Policía mantienen los retenes.
En tanto eso no suceda, según el abogado constitucionalista, no se estaría violando la libre movilidad.
“Lo que entiendo es que están haciendo retenes de control, entran a los pasajes, van visitando casa por casa, pero no son allanamientos violentos, llegan, le tocan a la gente, la gente les abre, los dejan entrar, claro, los dejan entrar porque llega la fuerza (pública), pero creo que al menos lo que se publica no da la impresión de que mayores abusos de autoridad”, argumentó Bertrand Galindo.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Sisco, las autoridades de seguridad estarían incumpliendo el Art. 20 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la morada.