La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que el diseño de la nueva ley de Pensiones está basada en 176 estudios actuariales (cálculos financieros para ver si un sistema es sostenible), por lo que tomar en cuenta las sugerencias de algunos sindicatos de incrementar el porcentaje de cotización en más del 16% de forma gradual, por ejemplo, o calcular la pensión sobre la base del 75% no era factible, de acuerdo a esos análisis.
Para la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, estas declaraciones de Callejas revelan que todo lo que hicieron los diputados de la comisión Ad Hoc fue una “pantomima”, y que el verdadero estudio de las enmiendas a las pensiones se hizo a “puerta cerrada” durante un año que lo mantuvieron en secreto.
“Se discute a puerta cerrada durante meses; pero en unas horas se hace la pantomima que se escucha al pueblo salvadoreño durante horas, tres semanas. Pero para una ley de esa envergadura que merecía un debate nacional más amplio, más democrático, no se tuvo”, dijo la diputada, quien votó en abstención por la nueva ley de pensiones.
Mientras que su colega del FMLN, Anabel Belloso, también se refirió a los supuestos 176 estudios actuariales que Callejas afirmó que hicieron.
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“176 estudios actuariales dicen, ojalá uno hubiera sido público, porque sino, como ustedes dicen: ‘es un dulce envenenado que durará uno o tres años y después ¿qué pasará con el sistema? con uno de las características que tenemos ¿por qué no mostrar los estudios actuariales, cuál es el temor o es que acaso solo en las declaraciones existen?” preguntó Belloso durante la discusión del dictamen de pensiones aprobado el martes 20 de diciembre.
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, refuerza lo dicho por las diputadas de la oposición. Según dijo, por experiencia propia conoce que un estudio actuarial no se hace de la noche a la mañana y es muy costoso como para decir que el gobierno hizo 176 de ellos.
Anaya restó credibilidad a dicha cantidad, pues asegura que para las reformas de 2017, fue asesor de líderes sindicales y realizaron dos estudios de ese tipo y cada uno costó cerca de $50,000. Dijo que el tiempo estimado para llevar a cabo cada estudio actuarial es de 2 a 3 meses.
“Eso es falso, no hay 176 estudios actuariales, eso es absolutamente mentira… Y si existieran ¿por qué no los hacen públicos?; tienen estudios actuariales, por supuesto que los tienen, pero te puedo casi apostar que esos estudios actuariales reflejan que el proyecto que se aprobó ayer (martes) no es sostenible en el tiempo y por eso los ocultan”, agregó Anaya en entrevista televisiva con TCS.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) indicó a través de un comunicado oficial que si bien es beneficioso para los cotizantes recibir un incremento del 30% del monto de la pensión; les preocupa la sostenibilidad y el impacto fiscal en el tiempo, producto de ese ajuste, “ya que se desconoce si este aumento obedece a un debido análisis actuarial”, señaló la gremial.
También lamentaron que las reformas no fueron consultadas con todas las partes involucradas, entre ellos, el sector empleador.