El “dulce envenenado” que el gobierno cuestiona que la anterior legislatura le dio a los cotizantes de las AFP, al permitirles con la reforma de 2017 poder retirar anticipadamente el 25% de sus ahorros para pensionarse, ahora le servirá de “salvavidas” al gobierno, opinan diputados opositores y el abogado constitucionalista, Enrique Anaya.
“Utilizar más los ahorros previsionales: por eso se elimina el derecho al retiro de anticipo del 25%”, afirmó Anaya.
La misma diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, reveló en su intervención ayer previo a la aprobación de la Ley Integral de Pensiones que, haber permitido a las AFP entregar adelantos de saldo de pensiones desde 2017, significó un “desfinanciamiento” del Fondo de $1,070 millones.
Reforma a pensiones permitiría que el gobierno tome sin límites los ahorros de los trabajadores
“Eso ha generado el retiro de anticipo de los ahorros de los trabajadores”, afirmó Callejas.
Sin embargo, el gobierno no solo propuso una ley que es desigual y deja a un lado la cobertura para quienes no cotizan a las AFP, según Anabel Belloso, del FMLN, sino que creó mecanismos legales para que el Estado siga haciendo uso de los ahorros de los trabajadores.
Con ese objetivo aprobó ayer la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y derogó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para sustituirlo con otro mecanismo similar, ahora llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
Pero en realidad, según Anaya, el objetivo es no pagar la deuda existente de cerca de $8,000 millones que el gobierno tiene con los trabajadores que cotizan en las AFP.
“En lugar de amortizar a capital, el “nuevo” ISP (Instituto Salvadoreño de Pensiones) emitirá -en sustitución de los CIPs- un nuevo certificado (CFT), cuyas características oculta el GOES, en perjuicio de los trabajadores”, afirmó Anaya.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, fue más allá, y según dijo, la ley de pensiones no fue consensuada en la Asamblea con los sindicatos, sino que se diseñó desde hace mucho tiempo a “puertas cerradas”. Esto por las declaraciones de la diputada Callejas quien reveló que para su elaboración tenían estudios actuariales.
Al respecto, Belloso citó que deberían haber hecho públicos los 176 estudios actuariales que Callejas reveló que habían servido de base para calcular la pensión mínima en $400.
Los diputados también aprobaron los COP que ahora serán los instrumentos legales que ocupará el gobierno para tomar fondos de los ahorros de los trabajadores obligando a las AFP a que los adquieran a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones.