La ley Integral de Pensiones presentada por el gobierno fue aprobada ayer en la Asamblea con 67 votos a favor; uno de los votos fue del diputado de ARENA, René Portillo Cuadra; 12 abstenciones y 2 en contra, de los partidos FMLN, ARENA, Nuestro Tiempo y VAMOS.
Diputados de Nuevas Ideas aseguran que las reformas de pensiones de 2017 fueron un “dulce envenenado”; sin embargo, con la nueva ley previsional, si bien refleja un aumento de la pensión mínima por vejez de $304 a $400, deja libre el camino al gobierno para tomarse los ahorros de los trabajadores sin ningún límite.
Lo anterior está detallado en el literal i) del Art. 82 de la ley que establece que el Fondo de Pensiones no tendrá límites para adquirir Certificados de Obligación Previsionales (COP) al Instituto Salvadoreño de Pensiones, creado ayer mismo por los parlamentarios.
Incluso, no será necesaria la calificación de riesgo. Aseguran que estos COP servirán para la autosostenibilidad del pago de pensiones del ISSS y del INPEP.
Los diputados de la oposición del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, cuestionaron que la propuesta que llevó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ya estaba hecha, “diseñada a puerta cerrada” y anula el derecho que tenían los trabajadores de poder retirar hasta el 25% de sus ahorros para pensionarse.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, alegó que las reuniones en donde de verdad se discutió el proyecto de ley se hicieron a puerta cerrada, esto a raíz de lo que dijo Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, de que no podían tomar en cuenta las recomendaciones de los sindicatos, porque se desbarataban los estudios actuariales que ya habían realizado antes de someter el proyecto a consulta.
La nueva ley incrementa la pensión mínima en casi $100, pero por otro lado, castiga a los cotizantes que optaron por retirar anticipadamente el 25% de sus ahorros, anulándoles la oportunidad de acceder al incremento del 30% sobre el cálculo de su pensión a la hora de jubilarse, que plantea la nueva reforma.
“Le niegan el derecho a los trabajadores de acceder a sus ahorros, pero el gobierno sí podrá meter mano en el Fondo de Pensiones, porque están mandatando que los fondos de pensiones sean adquiridos a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones que están por crear”, afirmó la diputada Anabel Belloso, del FMLN.
La diputada efemelenista hizo otra acotación más, y es que en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Nación para 2023 la pensión mínima no está reflejada en $400 sino en $304, tal como está en la ley vigente.
De igual forma habló sobre el incremento del 30% a las pensiones que plantea la nueva ley. Según dijo, en realidad los más beneficiados no serán los que menos ganan, sino los que tienen salarios más altos, por ejemplo, quien tenga de pensión $304 solo podrá acceder a un aumento de $400, en cambio alguien cuyo cálculo de pensión sea de $1,000 podrá tener un alza en su pensión de hasta $300, con la aplicación del ajuste del 30%.
Cabe recordar que ese porcentaje de aumento no aplicará para quienes ya retiraron el 25% de sus ahorros.
A los pensionados por vejez tanto de las AFP como los del ISSS y del INPEP se les aplicará el incremento del 30 % a sus pensiones; sin embargo, las pensiones por invalidez y sobrevivencia no tienen aumento.
“Se quedan tal y como están las pensiones por sobrevivencia y por invalidez, que ya están calculadas, se quedan así”, expresó la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, en entrevista con TCS.
El Art. 98 de la ley revela que a quienes su cálculo de pensión se establezca entre $390 y $400, su pensión se ajustará a $400; si queda entre $440 y es menor a $450, la pensión será de $450; si se coloca entre $490 y es menor a $500, se ajustará en $500. En ningún caso las pensiones podrán ser superiores a $3,000 mensuales.
El diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, intentó en la discusión de la ley que se hiciera una reforma para no “castigar triplemente” a las personas que retiraron el 25% del anticipo, ya que además de que tendrán un cálculo menor de su pensión por el monto reducido, se les deja por fuera del aumento del 30%.
Ávila pidió eliminar ese articulado, pero su moción no tuvo votos.
La alternativa que se dejó en la ley es que los cotizantes que hayan retirado el anticipo y desean ser beneficiados con el incremento del 30%, deberán reintegrar el adelanto de sus ahorros junto con la rentabilidad dejada de percibir. No se podrá trabajar más años para compensar ese dinero.