Representantes del sector empresarial del país expresaron un rotundo rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo para sancionar con penas de cárcel de entre 5 y 8 años a los “grandes y medianos contribuyentes” que paguen extorsiones a las pandillas.
Este miércoles, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, presentó tal propuesta a la Asamblea Legislativa junto con la petición de extender por noveno mes el régimen de excepción. El funcionario anunció que en esta ocasión la iniciativa se busca incorporar dos figuras delictivas dentro de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión y que una de esas sería el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales” por medio del pago de extorsiones (renta).
“Se incorpora el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales, donde se prohibe y se sanciona penalmente de 5 a 8 años a aquellas empresas, directivos, representantes legales, catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador, a pagar extorsión a ninguna estructura criminal”, dijo Villatoro en rueda de prensa.
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Fuertes cuestionamientos de la ASI
Esto ocasionó fuertes señalamientos en diferentes sectores de las sociedad. Por ejemplo, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cader, quien cuestionó en su cuenta de Twitter: “¿Quien en su sano juicio pensará que pagar una extorsión es para financiar maras?; la pagan por cuidar su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores”.
“¿Quién en su sano juicio pensará que pagar una extorsión es para financiar maras?; la pagan por cuidar su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores”
Eduardo Cáder, presidente de ASI
“Que bueno que el gobierno esté haciendo su mayor esfuerzo por bajar al máximo la delincuencia y terrorismo, ojalá se reforzara el sistema de denuncia de extorsionistas y no llegar a encarcelar también a las víctimas de este flagelo”, escribió el dirigente de la ASI.
Y es que durante mucho tiempo este sector se ha visto afectado ante la inseguridad del país. De hecho, solo en 2021 los empresarios del transporte denunciaron que se vieron obligados a pagar 12 millones de dólares a las pandillas bajo amenazas para que no se cometieran ataques contra ellos, su personal y sus familias.
Ante este panorama y al conocer la petición del gobierno, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) recalcaron que “las empresas de todo tamaño y los ciudadanos son víctimas en el delito de extorsión” y por tanto, “es obligación del Estado tratar a quienes sean extorsionados como lo que son: víctimas”.
$12 millones
Pagaron empresarios del transporte en el 2021, según sus cálculos, tras ser amenazados por las pandillas y evitar ataques contra ellos, su personal y sus familias.
“Todos esperamos que el Estado siga trabajando en generar mecanismos de denuncia seguros y efectivos, pero sobre todo, que garantice la seguridad en beneficio de nuestros trabajadores, que son los más vulnerables”, expresó por su parte la directora ejecutiva de ANEP, Leonor Selva.
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Este medio gestionó también la postura de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
¿Qué dicen los abogados penalistas?
El Diario de Hoy habló con el abogado penalista, Otto Flores, quien explicó que la iniciativa generaría “algo contraproducente” desde un punto de vista jurídico, porque cuando se amenaza a alguien para pagar la extorsión se le está diciendo que se va a atentar ya sea con su integridad física, su vida o sus bienes materiales. Y en ese sentido explicó que la empresa se ve obligada a preferir pagar la extorsión.
Además, expuso que en derecho penal esto se conoce como una “colisión de derechos” debido a que la persona va a tener que elegir sacrificar un valor jurídico (derecho) para proteger otros.
“Si un empresario por miedo a que lo encarcelen no paga la extorsión, pero resulta que eso le provoca la muerte, quien sería responsable de esto sería el Estado salvadoreño”
Otto Flores, abogado penalista
“Se tienen que valorar bienes jurídicos como la vida, la propiedad privada, la integridad física de los empleados, los dueños, accionistas o propiedad de las empresas. Los empresarios van a preferir sacrificar una pequeña parte de su territorio al pagar una extorsión a que dañen sus bienes o a que atenten contra la vida de sus empleados”, manifestó Flores.
¿Quienes están excluyentes de responsabilidad?
El experto hizo referencia al artículo 27 del Código Penal en el que se regula quienes están excluyentes de responsabilidad.
“No es responsable penalmente: (…) Quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el de salvaguardarlo, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y que no se tenga el deber jurídico de afrontarlo”, dice la normativa sobre este tema.
“Es desincentivar el acto de potencial denuncia porque las víctimas ahora tendrán miedo de denunciar en caso que paguen una renta por violencia y tendrán miedo a ser juzgado”
Oswaldo Feusier, abogado penalista
Para el abogado penalista, en este artículo es clave la palabra “actual o inminente” para entender la actualidad de la amenaza, dado que si los pandilleros le piden extorsión al empresario, se puede comprender que aunque la acción no suceda en el momento, posteriormente si puede suceder el atentado que se les anunció.
“Hay que entender que el peligro es actual y que existe, tampoco se puede creer en que la policía va a ser un 100% efectiva y por tanto, si un empresario por miedo a que lo encarcelen paga la extorsión, pero resulta que eso le provoca la muerte, quien sería responsable sería el Estado salvadoreño, porque en teoría el Estado tendría que garantizar la vida de los empleados de las empresas que no pagan la extorsión”, señaló el experto.
Genera un efecto contrario
Por su parte, el también abogado penalista y docente del departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Oswaldo Oswaldo Feusier, explicó que con estas enmiendas se desincentiva el acto de potencial denuncia y genera un efecto contrario a lo que se desea.
A su juicio, la propuesta del gobierno es “politico-criminalmente contraproducente, y victimologicamente desacertado”.
“Las víctimas ahora tendrán miedo de denunciar en caso que paguen una renta por violencia, porque tendrán miedo a ser juzgados”, concluyó el abogado penalista.