Por El pasado 4 de septiembre el pueblo chileno rechazó en las urnas la nueva Constitución que les había sido propuesta para su aprobación.
La principal razón del rechazo, de acuerdo con los expertos, fue que el texto de la Carta Magna no reflejaba los valores y creencias de la gente, sino que al final resultaba ser un especie de canasto de sastre en el que uno podía encontrar casi cualquier idea política descabellada, pues más que guiada por la representatividad política de los constituyentes, estaba redactada a partir de ex abruptos ideológicos como la propuesta de que Chile fuera un Estado “plurinacional”, la eliminación del Senado, la instalación de sistemas de justicia “paralelos” al estatal, etc.
Sin embargo, desde el 5 de septiembre, el proceso legislativo para dotar a Chile de una nueva Constitución volvió a comenzar. Al día siguiente del plebiscito el presidente chileno convocó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para “acortar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional”; y estos se pusieron manos a la obra.
Según ha trascendido, los principales opositores a que se retomara el proceso constitucional han sido las fracciones políticas extremas, tanto de derecha como de izquierda y -el más importante de todos- la apatía de la gente respecto al proceso.
Todo sumado, se conoció esta semana que -como en el circo- “la función debe continuar”, y se informó que se ha conformado una comisión compuesta por representantes de catorce partidos políticos para continuar en ruta.
El proceso es interesante. Primero se redactará un anteproyecto elaborado por 24 personas de “indiscutible trayectoria profesional y técnica”, elegidas por partes iguales por la Cámara y el Senado. Dicho anteproyecto será la base de trabajo para que un Consejo constituyente formado por 50 integrantes de elección popular, se enfrasquen en la redacción definitiva. Este Consejo trabajará junto con una Comisión de Expertos designados por el Congreso de Diputados, y luego el primer borrador será revisado por un Consejo Técnico elegido por el Senado y conformado por 14 juristas. La meta es poder someter nuevamente a referendo la nueva redacción en noviembre del próximo año.
Además, no se comenzará de una hoja en blanco, como la vez anterior, sino a partir de doce principios o bases constitucionales pre acordadas por los partidos políticos. Una especie de columnas no negociables, que sostendrán todo el proceso y evitarán las veleidades ideológicas.
Un proceso que intenta resolver muchos de los problemas de la anterior propuesta, y se propone hacerlo porque “discutir y escribir una Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas; asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva”. Como se dijo en su presentación.
Este nuevo modus operandi da mayor poder a los partidos políticos en el proceso constituyente, y soslaya el “secuestro” que la anterior Convención Constitucional le hizo, y que terminó con un texto que carecía de unidad y criterio jurídico, redactado por ciento cincuenta personas “independientes” políticamente hablando, que es lo mismo que decir carentes de representación popular (se vea por donde se vea el sistema de partidos políticos, a pesar de los pesares, sigue siendo la manera más clara de lograr la representación del pueblo en el gobierno) como demostró el 62% de rechazo del texto propuesto.
Como sea, se trata ahora de “resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos” como expresó el presidente Boric.
Bien por los chilenos que dieron lecciones políticas y democráticas de cómo no se deben hacer las cosas a la hora de redactar una constitución, y ahora enmiendan la plana. Trabajan a largo plazo y no solo para resolver problemas coyunturales como la seguridad y la economía, ni simplemente por ceder a presiones de poder.
Ingeniero/@carlosmayorare