El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cader, cuestionó a través de sus redes sociales la petición del Ejecutivo para sancionar con pena de cárcel a las empresas que estuvieran “financiando” a grupos criminales con el pago de la extorsión.
La medida que llegó de la mano de la novena extensión del régimen de excepción y solo unas horas después de haber sido aprobada ha recibido fuertes señalamientos por parte de los diputados de oposición y miembros de la empresa privada.
Entre ellos el dirigente de la gremial cuestionó: “¿Quién en su sano juicio pensará que pagar una extorsión es para financiar maras?; la pagan por cuidar su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores”.
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Dichas modificaciones de la Ley Anti Extorsiones, buscan prohibir y sancionar penalmente con 5 a 8 años de cárcel a empresas, directivos y representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado que actualmente pagan extorsión a las estructuras criminales.
“Qué bueno que el gobierno esté haciendo su mayor esfuerzo por bajar al máximo la delincuencia y terrorismo, ojalá se reforzara el sistema de denuncia de extorsionistas y no llegar a encarcelar también a las víctimas de este flagelo”, agregó Cader.
En 2021 los empresarios del transporte denunciaron que se vieron obligados a pagar 12 millones de dólares a las pandillas bajo amenazas para que no se cometieran ataques contra ellos, su personal y sus familias.
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Según las declaraciones vertidas por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, no se va a tolerar ninguna empresa que “esté financiando a los cobardes terroristas”, a pesar de las denuncias que han hecho los proveedores sobre estos pagos para evitar que su personal sufra repercusiones al ingresar en ciertas zonas del país.