Una investigación realizada por la Revista Factum reveló este miércoles que al menos 90 personas han fallecido en las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo.
Los datos, de acuerdo con la publicación, señalan que algunas de esas muertes han sido homicidios y no porque los fallecidos hayan estado enfermos como han manifestado, en algunas ocasiones, funcionarios del gobierno.
La Revista consignó que documentos internos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que de las 90 muertes reportadas en las cárceles, al menos seis casos se trataron de homicidios, ocurridos en los primeros 50 días de iniciada la medida.
Otras dos personas murieron con signos de haber sido vapuleadas previamente, revela la publicación.
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La misma analiza que este “hecho contradice la versión oficial defendida por el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad, quienes han declarado públicamente que los decesos en las cárceles durante el régimen de excepción han sido por causas naturales”.
“Yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente. Y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran […] Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera”, dijo el presidente Bukele durante una transmisión en vivo en la que apareció junto a su gabinete ampliado de Seguridad, el pasado 16 de octubre, se lee en la publicación periodística.
La Revista Factum hizo énfasis que tuvo acceso a documentos internos de la policía, donde se contrasta lo señalado públicamente por Bukele.
Ejemplifica que el 18 de mayo de 2022, un miembro del Centro de Información y Control Operativo Policial (COP) envió un correo electrónico al apoderado legal de la Policía con el mensaje: “Respetuosamente con instrucciones del señor Jefe de COP, adjunto archivo en Excel, referente a reos detenidos durante el régimen de excepción”.
Junto al correo añadió un archivo en Excel con el nombre “Reos fallecidos del 26 de marzo al 18 de mayo de 2022”.
El documento tenía un listado de 24 reos fallecidos dentro de las bartolinas policiales a nivel nacional entre el 30 de marzo y el 8 de mayo.
Por cada fallecido, el informe detallaba nombre, fecha de captura, penal en que se encontraba el detenido, fecha en que falleció y una breve descripción de las circunstancias en las que murió.
La publicación consignó que en 6 de los 24 casos descritos, las autoridades admitieron que la causa de la muerte fue homicidio o “sobreaveriguar homicidio”, debido a que se reporta que estas víctimas murieron con señales de haber sido golpeadas.
Revista Factum indicó que desde el 30 de noviembre buscó la respuesta de Casa Presidencial, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil sobre la información oficial acerca de los presuntos homicidios dentro de las cárceles; pero que, al cierre de la nota, no hubo respuesta de ninguno de los encargados de prensa de las instituciones consultadas.
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Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han señalado, desde el inicio del régimen de excepción, violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y decenas de reos fallecidos dentro de las cárceles salvadoreñas.
Una de dichas organizaciones es Cristosal, que contabiliza 90 muertos dentro de las prisiones en los primeros siete meses de la medida.
La cifra, de acuerdo con la publicación de la Revista, ha sido confirmada públicamente por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien además añadió que esa cifra es “normal”.
La publicación también consignó que el 7 de junio, un comisionado de la Policía giró un memorándum interno a los jefes de las delegaciones de todo el país y a los jefes de las divisiones de Seguridad, Fronteriza y de Tránsito Terrestre.
“El memo –al que Factum tuvo acceso gracias a la filtración de Guacamaya– ordena a todas las jefaturas mantener ‘estricta observancia al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en bartolinas policiales’. Además hace énfasis en que se le brinde primeras atenciones médicas ‘en aquellos casos en que se vea en peligro las personas detenidas’”, se lee en otra parte de la publicación.
Para junio, presuntamente ya se contabilizaban al menos 17 personas muertas bajo resguardo de las autoridades.
Factum aclaró que accedió a este documento a través de DDOSecrets, una organización que obtuvo la información producto del hackeo masivo realizado por el grupo de hackers llamado “Guacamaya” a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, México, Chile. Colombia y Perú.
El hackeo ocurrió a finales de junio de 2022, por lo que la información vertida en millones de correos a los que dicho medio tiene acceso se limita a los primeros meses del régimen de excepción, aclaró.
Agregó que la legislación salvadoreña, como normas internacionales, establecen que la integridad de las personas privadas de libertad pasan a ser responsabilidad del Estado desde el momento de su detención.
El artículo 9 de la Ley Penitenciaria de El Salvador establece que todo interno dispondrá del derecho a que “el establecimiento donde está guardando prisión (el detenido) cuente con las instalaciones sanitarias y médicas para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física”.
Entre los nombres que aparecen en el documento policial y que fue revelado por la Revista es el de Walter Vladimir Sandoval, de 31 años, un deportista y aficionado al fútbol, cuyo caso se hizo público a través de la prensa. La causa de muerte sobre averiguar fue “homicidio” o lesiones.
El reporte policial indicó que aproximadamente a las 10:00 de la mañana del 3 de abril, Sandoval iba a ser ingresado al Sector 3 del Penal de Izalco, cuando “empezó a actuar de forma errática y se cayó de las gradas, quedando inconsciente en el lugar”.
El mismo reporte dice que “el resultado de la autopsia determinó que las lesiones causadas en la víctima fueron provocadas, determinando que el caso pasa a ser un homicidio”, de acuerdo a la publicación..
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El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) ha documentado relatos que afirman que a Walter lo sometieron y lo torturaron policías.
La familia de Walter continúa sin recibir los resultados de la autopsia hecha por Medicina Legal. El Idhuca, que acompaña legalmente a los dolientes, tampoco ha recibido el documento que ayudaría a aclarar las circunstancias en las que murió Walter, quien era el menor de tres hermanos.
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