Los fondos para el pago de las pensiones estarán en manos de una entidad controlada por el gobierno de Nayib Bukele, de acuerdo a la propuesta enviada a la Asamblea Legislativa la semana pasada pero cuyo contenido no se conoció hasta este viernes.
De seis miembros que dirigirán el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), al menos cinco serán nombrados por el oficialismo.
En el proyecto de ley de creación de la nueva institución que propone el gobierno se detalla cómo estará formada y se indica que tendrá autonomía administrativa y financiera.
El presidente del ISP será nombrado por Bukele y luego habrá cinco directores, de los cuales uno será nombrado por el Ministerio de Trabajo, otro por el Ministerio de Hacienda, otro en nombre del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), otro que será nombrado por trabajadores del sector público, municipal o privado y solamente habrá un director en representación de los empleadores privados (designado por las gremiales empresariales).
Todos tendrán un suplente que solo contará con voz, pero sin voto en las decisiones del consejo directivo, las cuales serán tomadas por la mayoría de los que asistan a la sesión. Y estarán obligados a “guardar estricta confidencialidad sobre los asuntos tratados” en la entidad.
Los funcionarios estarán cinco años en sus cargos y deberán tener “notorias competencias en materia previsional, actuarial, económica, administrativa o financiera”, entre otros requisitos que establecen en el artículo 7 de la normativa.
Estas personas tendrán amplias facultades, según se estipula en el documento.
Por ejemplo, en los artículos 1 y 2 se plantea que el ISP “tendrá plenas e irrestrictas facultades de fiscalización y control, con el fin de que todos los sujetos sometidos al cumplimiento de las obligaciones de declaración y pago de cotizaciones de cualquier tipo, cumplan oportunamente con las mismas”.
Esta será la instancia que emitirá los nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) mediante los cuales se pagarán las pensiones de todos, tanto públicas como privadas. Y no solo captará los fondos de esos certificados o instrumentos financieros de deuda que seguirán adquiriendo las AFP, sino que además transferirá los recursos para pagar las jubilaciones del ISSS, las del actual sistema previsional y absorberá el pago de pensiones del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP), el cual será eliminado con esta nueva ley. También asumirá todas las responsabilidades de esa institución.
Y según una disposición temporal, si a la fecha en la que entre en vigencia la ley los asegurados del INPEP cumplen los requisitos para obtener algún beneficio les harán el cálculo y pago de pensión de acuerdo a la normativa actual.