El economista Rafael Lemus ha trazado un futuro incierto a mediano y largo plazo para acceder a una pensión para los cotizantes que ahora son jóvenes y que ahorran en las AFP y los que estén por afiliarse, si se aplica lo dispuesto en la nueva “Ley del Sistema de Pensiones” que el gobierno Bukele ha propuesto.
De acuerdo con el especialista, el mecanismo que se ha creado en la iniciativa de ley para financiar el aumento de la pensión mínima a $400 y $500 e incrementar en un 30% las pensiones cuyo monto sobrepase la pensión mínima, tomando como base las cotizaciones actuales, hará colapsar las cuentas individuales de ahorro de los trabajadores para pensionarse y la Cuenta de Garantía Solidaria (fondo común).
“Harán crecer los gastos y en algún momento esos gastos superarán las cotizaciones en una primera etapa y agotarán la cuenta de Garantía Solidaria, esa se irá rápido”, vaticinó Lemus.
¿Quiénes sufrirán el impacto? Según el analista, los jóvenes que actualmente cotizan a las AFP y los que más adelante se afilien al sistema de ahorro previsional corren el riesgo de quedarse sin pensión.
“El resultado de todo esto es que los jóvenes de ahorita y los futuros jóvenes, cuando reclamen pensión, no habrá dinero en el Fondo, solo habrá papeles, los llamados COP (Certificados de Obligaciones Previsionales)”, advirtió Lemus.
Esto se debe al mecanismo de financiamiento que Lemus lo clasifica de “automático”, planteado por el gobierno, con el que pretenden hacer frente al incremento prometido a las pensiones del 30% y fijar la pensión mínima de $307 a $400.
En los proyectos de ley que se conocieron el viernes en la Comisión Ad Hoc de la Asamblea, que estudia las iniciativas del Ejecutivo, se crea el COP, que es similar a los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que actualmente emite el gobierno y que deben ser comprados obligatoriamente en un 45% por las AFP.
En los documentos se detalla que las AFP seguirán siendo obligadas a adquirir certificados o pagarés del gobierno para pagar las pensiones, pese a que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, prometió que dejarían en la ley que nadie podría poner mano sobre los fondos de pensiones.
Paz Zetino, dirigente de la Mesa por una Pensión Digna, recordó que este mecanismo “empobreció” las cuentas de los trabajadores pagándoles ínfimos intereses por el dinero que los gobiernos, incluyendo al actual, sustrajeron por años.
De acuerdo con datos oficiales, desde 2006 a la fecha se han emitido $7,900 millones en CIP. El actual gobierno no se escapa de eso, a pesar de que asegura que no ha usado esos recursos; economistas afirman que ha tomado $1,500 millones.
Asumen pago de pensiones de AFP, ISSS e INPEP
Lo delicado del asunto, en palabras de Lemus, es que este nuevo sistema de financiamiento no sólo asumirá el pago de las pensiones del sistema público, ISSS e INPEP, sino también las de las AFP.
¿Qué se logra con eso? Según Lemus, el gobierno tendrá un alivio fiscal de corto y mediano plazo, porque ya no absorberá el gasto de pensiones, sino que se genera un financiamiento automático. Pero eso implica que todos los aumentos de pensiones que se están emitiendo en la propuesta de ley del gobierno harán crecer los gastos y en algún momento esos gastos superarán las cotizaciones en una primera etapa, y luego agotarán la Cuenta de Garantía Solidaria o fondo común.
Esta fue creada en las reformas de 2017, con el fin de que cuando a una persona pensionada se le acabe el dinero en su cuenta de ahorro individual, la Cuenta de Garantía Solidaria continúe pagando su pensión.
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Cuando se termine el dinero...
Es aquí en donde los economistas como Lemus y José Luis Magaña, coordinador de investigación e incidencia de Panorama Económico, enfatizan que el cálculo que ha hecho el gobierno de subir en un 30% las pensiones no tiene sostenibilidad.
Lemus explica que el incremento del 30% es “fuerte” y cuando las Cuentas Individuales y de Garantía Solidaria se queden sin fondos en un mediano o largo plazo, se supone que el Estado deberá honrar el compromiso adquirido mediante el sistema de financiamiento automático, pero el problema es que ese financiamiento será convertido en “deuda” a través de la emisión de los COP.
“En algún momento, ya no aguantará, ya se habrá extinguido la Cuenta de Garantía Solidaria y además no alcanzarán las cotizaciones actuales para cubrir todos los gastos de pensiones”, dice Lemus.
Lo que ha vendido el gobierno es que habrá un aumento de la pensión del 30%, pero según Lemus, solo durará los primeros años, pero cuando se terminen los ahorros, en algún momento “solo quedará esa bola de papeles llamada COP”, lamentó, en detrimento de los jóvenes que ahorita cotizan.
Para el economista Magaña, el pronóstico es menos esperanzador. El economista cree que no habrá que esperar mucho para ver el descalabro del sistema. Considera que no solo afectará a los jóvenes, también a las personas que dentro de un par de años estén por jubilarse.
Esta será la consecuencia de que el gobierno haya estimado un incremento de las pensiones mayor al que se prevé reciba al reducir en 0.9% la comisión que cobran las AFP y elevar 1% a la cotización patronal.
Su estimación es que los ingresos del sistema se aumentan en cerca del 12%, pero lo que el gobierno está prometiendo es un alza del 30% de las pensiones.
“Esto pone en riesgo la capacidad de cubrir las pensiones de las generaciones que vienen, de los que están cotizando y de los que se van a jubilar en un par de años. Ahí hay un primer problema, donde decimos que las obligaciones se incrementan más del doble de lo que aumentan los ingresos”, analizó Magaña.
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Riesgo de los COP
El gobierno ha propuesto eliminar el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para dar paso al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). De nuevo, se observa un mecanismo que el gobierno aseguró que no utilizaría y ahora con un agregado, que están obligando a las AFP a adquirir el 100% de los COP y no solo el 45% como lo establece la ley vigente con los CIP.
“Me parece que es un elemento grave, porque ahora básicamente todo el Estado estaría apropiándose del fondo de pensiones, bajo un mecanismo de deuda, pero que si no se garantizan los ingresos de las nuevas prestaciones que da el tema de pensiones, se verá comprometida la capacidad de pago que tenga el Estado con ese nuevo FOP”, analizó Magaña.
Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, llamó a la población a presionar por favorecer más a los trabajadores en el estudio de ley.