Minutos pasaban de las diez de la noche cuando un batallón del Ejército salvadoreño tomó por sorpresa a centenares de ciudadanos que aún circulaban por las principales calles del municipio de Soyapango, al oriente de San Salvador.
La escena parecía una invasión: decenas de vehículos militares y de la policía, cargados de soldados armados, ingresaron al municipio. Algunos ciudadanos, alertados por la magnitud del movimiento, capturaron en video el paso del convoy.
"Fue cómo si estuviéramos en el pasado, cuando empezaba la guerra", describió un residente del municipio de Soyapango, que se dirigía hacia su hogar. Él prefirió que no se revelara su identidad pues vive, junto a su familia en la zona y teme por su seguridad.
"Sentí temor al ver esto, más cuando ocurre en la noche", señaló, preocupado y relató que, contrario a percibir seguridad, la sensación fue de incertidumbre, muy similar a los movimientos militares que se efectuaban durante el conflicto armado.
VIDEO: Soyapango amanece cercado con 8,500 soldados y 1,500 policías
"Tenemos ahí un recuerdo de un conflicto muy latente", dice Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para la Prevención de Violencia Juvenil y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco. Él considera que medidas como la tomada en Soyapango motivan inquietud, miedo y zozobra en quienes recuerdan las implicaciones de un conflicto en que las armas militares estuvieron presentes.
"El ambiente de guerra vuelve a surgir", dice Juan Carlos y explica que, para el gobierno, es un ir y venir sobre el filo de las percepciones porque medidas como estas también tienen el propósito mediático de reforzar la narrativa de "guerra contra las pandillas" que Bukele y su gabinete utilizan para justificar cuestionadas medidas como el régimen de excepción o el Plan Control Territorial.
Para Juan Carlos Torres, la sensación de temor que estas medidas generan en la población provienen, además, de la estrategia detrás de la intervención que plantea el gobierno y sus fuerzas de seguridad pública. "Decir que vas a cercar (militarmente) Soyapango es arriesgarte a plantear una estrategia que no dé los resultados que se esperan", señala el experto.
"Si el ejército entra golpeando puertas y pegando patadas, eso no les va a funcionar", reflexiona Juan Carlos, sobre la idea de seguridad que la medida pretende vender. Al contrario, eso reforzaría la percepción de retroceso a días del conflicto, del autoritarismo extremo de las fuerzas armadas.
"Hay mucha gente alrededor, mucha gente que va a estar viendo y filmando los procesos", señala, y destaca que el despliegue militar en municipio como Soyapango tiene implicaciones que distan mucho de situaciones como las que se dieron en municipios como Comasagua u otras localidades del departamento de La Libertad, en donde medidas similares fueron implementadas en meses anteriores.
"Estamos jugando al filo entre la percepción de seguridad e inseguridad", agrega Juan Carlos y destaca que el éxito de esta medida dependerá de dos factores. Por un lado, la continuidad de las acciones con planes integrales que no terminen en la divulgación de imágenes de un despliegue de fuerzas disuasivas, que no profundicen en la realidad conflictiva de los territorios.
Por otro lado, también es necesario un apartado de transparencia, que revele a la vista pública los costos y resultados de medidas de gran alcance como la que se ha desplegado sobre un municipio como Soyapango y sus implicaciones en áreas como el comercio y otras, transversales a una zona activa como esa.
"Retroalimentar a la población, trasladando la sensación de procesos legales, de cultura de legalidad, de procedimientos con respeto a los Derechos Humanos, se les puede volver complejo", concluye.
El presidente Nayib Bukele anunció, durante la madrugada de hoy, sábado 03 de diciembre, el despliegue de 8,500 soldados y 1,500 agentes de la Policía Nacional Civil en el municipio de Soyapango. El argumento es que, con ese despliegue, se capturará a los pandilleros del municipio, a pesar que sobre ese mismo objetivo sigue corriendo el plazo legal del régimen de excepción.