Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la mitad del financiamiento para la construcción del Viaducto Los Chorros proviene del gobierno de Corea y, además, la mayoría de empresas interesadas en participar de las obras también son coreanas.
Por la envergadura de las obras estas compañías han pedido más tiempo para poder presentar sus ofertas, por lo que el Ministerio de Obras Públicas ha dado de plazo hasta enero de 2023, informó Rodríguez en entrevista con TCS, este 1 de diciembre de 2022.
Entre las firmas que han pedido prórroga para lanzar su oferta están: Hyundai, Daewoo y POSCO. De acuerdo a Rodríguez también hay empresas nacionales pero no mencionó nombres.
A su juicio las condiciones que tendrá el financiamiento coreano motiva a las empresas coreanas a participar, por ejemplo, según el ministro de Obras Públicas, los fondos son a una tasa del 0.10% que será fija, a 35 años plazo con 10 años de garantía para comenzar a pagar la deuda.
El funcionario no habló en la entrevista de la ley que fue aprobada ayer en la Asamblea llamada ““Ley Especial para la contratación de obra pública con financiamiento incluido”, la cual ha sido criticada por la oposición como una normativa que fomentará más la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno.
Con esta ley el gobierno podrá saltarse los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) e implementar nuevos tipos de contratos con las empresas que hagan obras de infraestructura del Estado, así como consultorías y otros servicios profesionales.
Evadir la LACAP ha sido la constante en el actual gobierno. Los diputados opositores recriminan que fomentan la “corrupción” abriendo la puerta a contratos para “cheros y familiares” de funcionarios del gobierno. Actualmente, hay una danza de millones en deuda para obras.
Solo para el viaducto de Los Chorros hay $245.8 millones en préstamos, más $166 millones de obras adicionales a lo largo de la carretera Panamericana hasta el desvío de San Juan Opico, en Sitio del Niño, en La Libertad, es decir, un total de $411.8 millones en deuda sobre los cuales no habrá ningún control.