A partir de septiembre, los municipios de La Unión y Pasaquina cuentan con una ordenanza municipal para la atención y protección a las personas migrantes y su grupo familiar como sujetos de derechos y deberes.
Además, promueve en el municipio la migración ordenada, segura y regular para el bienestar de las personas salvadoreñas que migran al extranjero y las personas extranjeras que migran al municipio. El documento consta de 40 artículos y su aplicación le compete a las autoridades de las municipalidades.
El proyecto tiene el acompañamiento de la Organización para las Migraciones (OIM). Previo a la ordenanza, realizaron un estudio en el 2019 y 2020 sobre la situación de la población migrante y los perfiles sociolaborales.
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Oscar Parada, alcalde de La Unión, dijo que se hizo un esfuerzo para construir un instrumento jurídico que les permita favorecer a las personas migrantes y sus familias el proceso de consulta con los diferentes sectores. Enriquecer el contenido de dicha ordenanza duró un año.
El municipio de La Unión cuenta con un Centro de Atención al Migrante, que brinda atención en asesoría a los migrantes y personas retornadas, además de ofrecer albergue para esas poblaciones.
“La inversión en la infraestructura fue mayor a los $200,000 y el equipamiento, porque no solo fue restaurar lo que ya estaba, se equipó con mobiliarios porque también funcionara como albergue para las familias que van en tránsito y queden varadas”, agregó Parada.
Que no quede solo en papel
María Paula Quintero, jefa de misión adjunta de la OIM en El Salvador, indicó que el objetivo con la ordenanza es promover espacios interinstitucionales para que el gobierno local pueda favorecer aún más a la población migrante y coordinar con la diáspora en el extranjero para tener enlaces para que tengan una voz en el municipio.
“Nos importa mucho comenzar con los estudios previos que permitan hacer diagnósticos y perfiles sociolaborales para que la ordenanza local responda al contexto local y no sea un documento que se quede solo en papel”, agregó Quintero.
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De acuerdo con las autoridades, en el 2020, ante la falta de espacios adecuados para albergar a personas extranjeras, muchas familias nicaragüenses y hondureñas que se quedaron varadas por el cierre de las fronteras en el contexto del COVID-19 se alojaron en las canchas de fútbol municipales a orillas de la bahía de La Unión.
En las instalaciones del Centro de Atención al Migrante, ubicado en la colonia Rubio, de la ciudad de La Unión, desde enero a septiembre de este año dieron atención a cincuenta personas retornadas salvadoreñas entre las edades de 20 y 50 años. La mayoría eran retornados de Estados Unidos.
Además, hubo atenciones a nicaragüenses y hondureños que iban en tránsito. Ellos determinaron que estos extranjeros y los nacionales necesitaban asistencia humanitaria y asesoramiento.