No se puede hablar de justicia atropellando derechos de inocentes

Al ser cuestionado en España sobre la muerte de detenidos durante el régimen de excepción —que organismos humanitarios dicen que son 90—, el vicepresidente Félix Ulloa se limitó a responder con frialdad que en 2018 hubo 211 fallecidos en las cárceles “y nadie alzó la voz”.

Es que no se trata de que si antes fueron más o menos o si eran pandilleros o no, sino de que el gobierno tiene la responsabilidad constitucional de proteger a quienes se encuentran bajo su custodia. No se puede evadir la responsabilidad alegando que "como aquellos lo hicieron mal, yo también...".

Y no se trata de defender a pandilleros, sino de respetar los derechos fundamentales de las personas, porque, de lo contrario, esto se vuelve una jungla: no priman la ley y la justicia, sino el sentimiento de venganza.

No puede venir un funcionario a decir que “como muchos salvadoreños fueron asesinados sin piedad, ahora vamos a tirar un atarrayazo y a los que caigan los vamos a hacer pagar por esas muertes”, en primer lugar porque no se ha demostrado que todos los capturados sean culpables, y en segundo, porque el estado de excepción tiene una falla de origen que puede invalidarlo desde el momento en que se convierte en una maquinaria de violaciones a los derechos humanos, por más que digan que las denuncias “son inventos”.

Hay más de 57,000 capturados durante el régimen de excepción, pero la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene más de 3,000 expedientes de detenciones ilegales y otros abusos, entre ellos las muertes de reclusos.

Es importante que el Estado cumpla con su papel de proteger a la gente y combatir a las bandas criminales, pero el peligro es de que la fuerza mal enfocada y aplicada se vuelva contra la sociedad misma, como ha sucedido en otros países. En Guatemala, la gente aplaudió cuando surgieron grupos de exterminio y empezaron a matar a pandilleros y otros delincuentes, pero luego se volvieron contra ciudadanos honrados, a los que secuestraban y asesinaban, como lo hicieron con tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano en 2006.

Nada más y nada menos que los sicarios eran policías de la élite de investigaciones, que finalmente fueron capturados y para que no delataran a sus jefes los metieron presos y a la misma celda los llegaron a matar.

Ese grupo de exterminio tenía armas, poder legal, casas de seguridad donde torturaba a sus víctimas —cualquier ciudadano —, las asesinaba y las desaparecía. Eso mismo pasa con las dictaduras: se imponen, asumen todos los poderes, la gente les aplaude, pero, como las serpientes, van constriñendo u oprimiendo a los pueblos, disponiendo de vida y muerte de las gentes y utilizando toda su fuerza para aplastar cualquier disidencia.

El sometimiento de las instituciones a una sola cabeza quedó expuesto

La semana anterior, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura sometió a un examen a El Salvador, en cual, para abogados y especialistas en derechos humanos, los representantes del bukelismo “sólo llegaron a mentir”. Patético es el hecho de que quienes deben velar por los derechos humanos desde el Estado mismo, como el sistema judicial, el Ministerio Público y otras dependencias, llegaron cantando justificaciones y defensas al unísono con los delegados del poder ejecutivo, lo cual sólo alentó las dudas y cuestionamientos en el seno del Comité.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, expresó “preocupación” por la “persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” sin cumplir “garantías judiciales y la muerte de al menos 73 personas detenidas durante el régimen de excepción”, por lo que llamó al Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones de derechos humanos.

En lugar de asumir la responsabilidad, Bukele respondió que si la CIDH “fuera un verdadero organismo de Derechos Humanos estaría feliz de que en El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano más importante: el derecho a la vida…”.

Como decimos, sí es importante que cumpla con su obligación de combatir la criminalidad y darle seguridad a la población, pero no a base de aplastar los derechos de inocentes y menos socavando la democracia y el respeto a la ley. El fin no justifica los medios…