Indignación ante los datos brindados por los representantes del gobierno, mostraron varios abogados que estuvieron pendientes del segundo día de la audiencia del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el Estado de El Salvador.
Según los especialistas, algunos de ellos miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal, lo que el Estado llegó a hacer a las Naciones Unidas fue a “mentir deliberadamente”.
El grupo de funcionarios tuvieron que responder a una batería de preguntas que los miembros del Comité les formularon desde el jueves 17 de noviembre, por denuncias de tortura y otros tratos crueles e inhumanos en medio de un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales y que lleva casi ocho meses de vigencia.
Los representantes de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Seguridad, de Centros Penales, de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades, rechazaron que se estén violando derechos humanos en El Salvador, que exista hacinamiento en las cárceles, y que las muertes ocurridas en las prisiones no son a causa de tratos inhumanos o de uso excesivo de la fuerza pública.
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“El cierre del Estado de El Salvador ante el Comité contra la Tortura de la ONU ilustra, a la perfección, que la política exterior del GOES en materia de DDHH es, básicamente, mentir y ocultar”, lamentó David Morales, Director de Derechos Humanos de Cristosal, en su cuenta de Twitter.
Según Cristosal, un ejemplo de que los funcionarios del gobierno salvadoreño mintieron, se revela en lo manifestado por el Representante de la Dirección General de Centros Penales, Javier Hernández, quien informó sobre supuestas condiciones de acceso a salud, recreación y trabajo en los centros penitenciarios.
Añadió que en el contexto del Régimen de Excepción se creó un protocolo de actuación, con el objetivo de “garantizar el respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, desde 2016 la Dirección General de Centros Penales “no permite visitas ni ingreso de organizaciones de derechos humanos para su verificación”, manifestó Cristosal en su cuenta de Twitter.
De acuerdo a Cristosal el hacinamiento en las cárceles ha llegado a su máxima expresión. La organización lo estima en un 318%, agravado por las masivas capturas de personas desde que entró en vigor el régimen de excepción.
“Quien habla del sistema penitenciario MIENTE como bellaco. Que sinvergüenzada. Que atrevimiento mentir de esa forma: las cárceles están hacinadas, pero según él, son un paraíso en la tierra”, lamentó el abogado constitucionalista, Enrique Anaya.
El representante de Centros Penales aseguró que las familias de los presos que no tienen capacidad para llevar el paquete con productos higiénicos y ropa, Centros Penales gestiona donaciones.
Esta situación llevó a la quiebra económica de varias familias de los detenidos, ya que el comercio de ropa y artículos determinados para ingresarlos a los centros penales se convirtió en un negocio para comerciantes de los alrededores de las cárceles, no así para las familias de escasos recursos que debían pagar desde $30 hasta $150 para trasladar a sus parientes artículos de primera necesidad.
El representante de la Policía, David Reyes, expresó que, “desde el momento en que una persona es detenida, se le notifica de una forma verbal todos los derechos y prerrogativas que le asisten”.
Pero la mayoría de denuncias ciudadanas señalan que sus familiares son capturados con engaños y en algunas ocasiones de forma abrupta, violentando sus derechos fundamentales.
El más reciente caso de ese tipo es el ocurrido en el Bajo Lempa el pasado 6 de noviembre, cuando un grupo de militares capturaron a 8 adolescentes que habían participado en una obra de teatro sobre la historia de El Salvador.
Mientras que Adela Saravia, fiscal de derechos humanos, dijo que en el marco del régimen de excepción, la Fiscalía ha abierto 90 investigaciones por muertes de reos, pero según la funcionaria en ninguno de estos casos hay evidencia de que las muertes ocurrieron por exceso de fuerza de las autoridades policiales o militares.
Linda Amaya, directora ejecutiva del CONNA, mencionó que han llevado a cabo intervenciones integrales para proteger a la niñez y adolescencia de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin embargo, han sido los adolescentes el grupo más vulnerable.
Representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz dieron a conocer el caso de “Karla”, una menor de edad que fue capturada en estado de embarazo. Según su familia, Karla perdió a su bebé producto del maltrato que recibió.