Representantes del gobierno de Nayib Bukele comparecieron ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas para responder por denuncias de tortura y otros tratos crueles e inhumanos en medio de un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales y que lleva casi ocho meses.
Desde marzo a la fecha, las autoridades han detenido a más de 57,000 personas bajo cargos de pertenecer o mantener vínculos con las pandillas, aunque organizaciones humanitarias han denunciado que hay más de 3,000 casos de capturas ilegales y otros abusos, y la muerte de cerca de 90 reos bajo la custodia del Estado. Cerca de 2,000 han quedado en libertad después de permanecer semanas y hasta meses en prisión, según han denunciado.
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Se informó que los funcionarios salvadoreños, encabezados por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, expusieron que el gobierno ha repelido con el régimen de excepción la escalada de crímenes perpetrados por las pandillas y que estos procedimientos han sido verificados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
El presidente del Comité, Claude Heller, suspendió el jueves la audiencia para reanudarla este viernes.
Por su parte, diez organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos proporcionaron a la ONU datos y análisis sobre dicha situación.
Según el informe presentado por las organizaciones, algunos de los temas a evaluar por el Comité son, entre otros, “la falta de independencia judicial, la militarización y el uso de la fuerza, la situación de las personas privadas de libertad, el debilitamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y la violencia en razón de género”.
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Yaneth Martínez, técnica legal de Cristosal, dijo que el examen forma parte del monitoreo que hace el Comité a todos los Estados que son parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, explicó a periodistas que para las organizaciones de la sociedad civil que han elaborado el informe “es muy importante el escrutinio internacional acerca de la obligaciones que el Estado salvadoreño ha asumido con la rectificación del convenio contra la tortura”.
Señaló que “el examen que este grupo de expertos internacionales estará realizando al país es conforme a estas obligaciones, incumplimientos y violaciones en el contexto actual que vive el país”.
El pasado 25 de octubre, el Estado de El Salvador se negó a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo el régimen de excepción vigente.