La Asamblea Legislativa aprobó el martes con 65 votos una reforma al Código Penal para establecer como delito la “disposición indebida de residuos o desechos”, específicamente al tirar la basura con peso de más de dos libras en lugares no autorizados. Este delito tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años sustituibles por trabajos de utilidad pública de limpieza.
Dichas modificaciones contemplan que las personas sean acreedores a una multa de $1,500, y si no la pagan, el Ministerio de Hacienda no les extenderá solvencia tributaria.
La falta de solvencia tributaria afecta diversos trámites, como la obtención de créditos y otros.
“Cuando se trate del delito de disposición indebida de residuos o desechos, el condenado estará obligado al pago de $1,500 que podrá ser efectuado bajo las condiciones establecidas en el artículo 257 - A de este Código, mientras no se haga efectivo el cumplimiento del pago el responsable del mismo se encontrará en el estado de insolvencia tributaria imposibilitado para la tramitación de la solvencia policial y con restricción migratoria de salida del territorio nacional”, reza la reforma al artículo 46 de la normativa.
Cárcel sustituible
“El que arrojare o abandonare más de dos libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares no autorizados, poniendo en peligro directa o indirectamente el medio ambiente o quien a través de tal conducta altere el normal funcionamiento de acueductos y alcantarillados, poniendo en peligro la salud o la vida de las personas, será sancionado con penas de 1 a 3 años de prisión, la cual podrá ser sustituida por trabajo de utilidad pública consistente en limpieza de conformidad a lo establecido en la legislación penal vigente”.
Además, la reforma estipula que cuando la conducta regulada en dicho inciso se realice desde vehículo automotor al conductor del mismo se le suspenderá el derecho a conducir por el plazo de seis meses y también procederá la pena de $1,500.
Un dato importante es que la reforma establece que si el pago de la multa se hace antes de los 10 días siguientes a su aplicación, esta se reduce en un 50 % ($750.00); mientras que a partir de los 10 días a los seis meses, a la multa no pagada se le incrementará el 50 % de su valor ; y transcurridos los 6 meses a 1 año de la imposición de la multa no pagada se le incrementará 75 % de su valor hasta los doce meses calendario.
Además, establece que cuando se ponga en peligro grave la salud y calidad de vida de las personas o el equilibrio del medio ambiente la responsabilidad civil no podrá ser inferior a $25 mil atendiendo al criterio de proporcionalidad que rige tal Código.
Multas de $20
La Asamblea también avaló con 65 votos una enmienda a la Ley de Medio Ambiente para sancionar con una multa de $20 a la persona que tire basura en lugares no autorizados.
“El que arrojare o abandonare desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, riveras de ríos o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales será sancionado con una multa de $20. Lo regulado en este artículo aplica para las personas que arrojaren, abandonaren o depositaren desechos, cuyo peso sea menor o igual a dos libras”, establece la reforma al artículo 98 de la Ley de Medio Ambiente.
¿Qué dice la oposición?
La diputada del FMLN, Dina Argueta, dijo “ni siquiera hay recipientes, pero vamos a multar aquel que tiró la lata, aquel que tiró el papel del chicle, pero no multamos a la alcaldía porque no pone los basureros”.
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El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró que estas iniciativas “son populistas” y que no se ha hizo un abordaje técnico. “Hemos detectado que en las penas que se proponen hay temas que no son proporcionales, hay temas donde la policía se estaría extralimitando de sus funciones y su rol”, opinó.
Claudia Ortiz, de Vamos, consideró que el problema de la contaminación es grave, pero el Estado debe activarse. “Qué vamos a hacer en aquellos casos donde no pasa el tren de aseo por su vivienda y que tiene que quemar la basura o enterrarla, ¿los vamos a castigar? ¿qué va a hacer el Estado ante la amenaza de la mina Cerro Blanco?”, se preguntó.