La prueba irrefutable de que ocho menores son inocentes y que fueron capturados arbitrariamente es que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó su libertad en menos de 24 horas.
Eso dicen los padres de estos menores que el sábado en la noche fueron sacados de sus casas por elementos de la Fuerza Naval, quienes derribaron las frágiles puertas de algunas casas hechas de lámina reciclada.
Los soldados irrumpieron en las viviendas sin tener orden judicial de allanamiento y menos de arresto contra quienes eran sus objetivos: menores entre 14 y 17 años que días antes habían representado una obra de teatro en ocasión del Día de la Resistencia, llamado antiguamente Día de la Raza.
A todos los menores los levantaron de la cama donde dormían y les dijeron que “los tenían que acompañar”. Cuando los padres preguntaron por qué se los llevaban, los soldados no respondieron. Los subieron a un pick up gris y se los llevaron para un puesto militar en la Península de San Juan del Gozo, a poca distancia de la comunidad Amando López.
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Torturas físicas
Algunos padres lograron suplicarle a los soldados que no fueran a golpear a sus hijos, que no eran pandilleros. Excepto con uno de los ocho menores, al resto no los golpearon durante las capturas, pero la situación cambió, relatan algunos menores, cuando fueron llevados al puesto militar de la Fuerza Naval.
Allí fueron obligados a permanecer de pie, con las piernas separadas y con las manos en la nuca, por un lapso de entre 60 y 90 minutos. Luego fueron obligados a entrelazar sus brazos y formar una fila para hacer flexiones que los menores mencionan como sentadillas.
Otros menores relataron que los militares con los puños cerrados les presionaban la espalda y costillas, haciendo fuerza para lastimarlos con los nudillos mientras les exigían que les dijeran quién les vendía la marihuana o quiénes eran los pandilleros de la comunidad.
Horas después fueron trasladados del puesto militar hacia el puesto policial del cantón El Zamorán, donde permanecieron largo rato de pie, hasta que un policía los vio y les dijo: “Muchachos, relájense, siéntense”.
Hasta entonces, los menores detenidos pudieron descansar un poco y sentir que no estaban solos, ya que sus familiares llegaron a ese puesto policial a pedir exigir información sobre qué delitos les iban a imputar a los jóvenes.
En ese mismo lugar, los soldados que habían participado en las capturas no respondían cuando los padres o madres los increpaban sobre el por qué habían arrestado a los jóvenes.
Policías “no encontraron” nada
De acuerdo con familiares de los menores, en el puesto policial de El Zamorán, algunos policías comentaron que “los cipotes no tenían nada (ningún delito), que no les habían encontrado” y que los soldados los habían capturado porque les habían caído mal.
Testimonios de los padres de familia y los menores aseguran que los policías de El Zamorán siempre los trataron bien, no recibieron ningún golpe o expresión de violencia o acusaciones de pertenecer a pandillas.
En cambio, uno de los militares insistía en asegurar que los menores eran pandilleros.
“El que creo que era el jefe de los soldados que anduvo en las capturas mencionaba algo sobre la Mara Salvatrucha, como queriendo intimidarnos”, dijo una de las afectadas.
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Actuación fuera de la ley, dice abogada
De acuerdo con la abogada y experta en derechos humanos, Ruth Eleonora López, los militares actuaron fuera de la ley y debieran ser investigados y procesados por este hecho.
“La tortura constituye un castigo que puede ser físico o psicológico pero implica causar dolor, sufrimiento en una persona, y en el caso de los menores que tienen una protección reforzada debieron ser tratados de manera diferente”, afirmó López.
La jurista añadió que “detenerlos de manera arbitraria, obligarlos a hacer ejercicios o tenerlos sometidos en posiciones que les pueden causar dolor o consecuencias físicas, definitivamente es una condición para infligirles un sufrimiento como castigo y por tanto constituye tortura”.
El origen de las capturas
El sábado 29 de octubre hubo un baile en la comunidad Amando López al cual los soldados llegaron y procedieron a registrar a los asistentes, a uno de los cuales le encontraron una fotografía en su celular en la que aparecía vistiendo un uniforme (pantalón y chaqueta) militar pero de los que la Fuerza Armada dejó de usar hace ya más de diez años.
Los soldados preguntaron al joven quién le había dado el uniforme, a lo cual respondió que se lo habían proporcionado en la escuela porque era para representar una obra de teatro sobre la historia de El Salvador como parte de una actividad académica.
Los soldados lo obligaron a borrar esa imagen y continuaron registrando a los jóvenes a quienes obligaban a desnudarse para verificar si no tenían tatuajes, para luego tomarles fotografías.
En esa ocasión, según vecinos de la comunidad, los soldados fueron vistos bebiendo cervezas, las cuales compraban pero las trasvasaran a bolsas plásticas para no ser vistos con los envases en la mano.
Al siguiente día en la comunidad se conmemoró el “Día de la Resistencia”, y como parte de las actividades, un grupo de jóvenes estudiantes del Centro Escolar Amando López representaron la obra “Reseña histórica de El Salvador” para lo cual se disfrazaron de militares, de monseñor Romero, de Anastacio Aquino, etcétera.
De acuerdo con los padres de familia, la referida obra narra las distintas etapas de la historia salvadoreña, comenzando desde la invasión española, la lucha independentista, la lucha de Anastacio Aquino en 1832, la masacre de indígenas de 1932, el asesinato de Monseñor Romero, la guerra civil entre 1980 a 1992, los Acuerdos de Paz y la experiencia posguerra que vivió la misma comunidad.
No es la primera vez que esa obra es representada para la referida celebración. Los jóvenes que actuaron serían beneficiados con mayor puntaje en sus calificaciones escolares.
El miércoles 2 de noviembre se repitieron los episodios de registros de jóvenes que se encontraban en la cancha de fútbol de la comunidad.
El viernes 4, los soldados llegaron a la cancha donde los jóvenes y adultos que son parte del equipo de fútbol estaban reunidos para afinar detalles sobre el uniforme deportivo que comprarían. Otra vez obligaron a los jóvenes a desnudarse, algunos fueron golpeados y les hicieron fotografías.
Al siguiente día, a las 10:30 de la noche, los soldados llegaron a capturar a los ocho jóvenes sin mayor explicación.
El domingo en la noche, como a las 9:00 p.m. los ocho jóvenes fueron llevados al Instituto de Medicina Legal para ser revisados previo a enviarlos a prisión. Todos fueron esposados para llevarlos a una prisión de San Miguel, cuando de repente, el policía encargado de la comisión que los trasladaría recibió una llamada, luego de la cual les quitaron las esposas y les dijeron que quedaría libres.
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En la Fiscalía de Usulután, los menores aseguran que firmaron un documento que no leyeron de qué se trataba, pero después de eso quedaron libres. A las 11:00 p.m. del domingo volvieron a sus casas junto con sus familiares que siempre estuvieron cerca de ellos.
Este lunes, en las casas de algunos menores se pudo constatar que las puertas de sus casas están dañadas debido a la violencia con que los soldados ingresaron.
“Yo sólo escuché el golpe y cuando me levanté ya estaban cuatro soldados metidos en el cuarto donde dormimos”, comentó el padre de uno de los menores.
La captura de los jóvenes, además de los daños en sus viviendas en algunos casos, significó un gasto de entre 50 y 100 dólares para sus familias, cuyos ingresos diarios trabajando como jornaleros, ascienden a 6 dólares por día. Las familias lamentaron la actitud de los militares y esperan que instituciones gubernamentales que tienen la obligación de velar por los derechos de la niñez investiguen el caso a profundidad.