Miembros de la organización Cristosal entregaron ayer una solicitud de denuncia ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que se inicie una investigación sobre el presunto manejo irregular de fondos públicos en la asignación de seguridad especial de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) a personas que no están no comprendidas en la ley, acciones ejecutadas tras órdenes presuntamente emitidas por el actual jefe de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas.
La denuncia de Cristosal parte de una investigación periodística de la Revista Factum, publicada el pasado 25 de octubre, que señala que el Estado habría beneficiado con protección especial a personas que no son funcionarios ni califican como “persona de alto riesgo”.
La nota periodística refleja que los documentos filtrados por Guacamaya Leaks indican que estas personas, incluido el empresario y operador político Herbert Saca, recibieron seguridad del Estado de manera ilegal. En el caso de Saca, Factum señala que “tenía servicio de seguridad pagado por el Estado desde enero 2020 hasta al menos diciembre de 2021”, al mismo tiempo que la Fiscalía lo investigaba por lavado de dinero y de activos.
Entre las personas mencionadas en los documentos filtrados están también José Luis Merino, ex funcionario y dirigente del FMLN; Lester Toledo, quien se conoce es asesor de la presidencia de origen venezolano; Kriscia Fuentes, Consejera Nacional de Nuevas Ideas; Salvador Alas, actual gerente general de Grupo Samix; y el empresario salvadoreño Adolfo Salume, quien tiene además un beneficio adquirido por ser “cónsul honorario de Jamaica”, calidad que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley.
A juicio de Ruth López, directora de la unidad Anticorrupción de Cristosal, “lo menos que se espera de la Corte de Cuentas es que inicie un proceso de investigación para que determine el financiamiento apropiado o inapropiado de la seguridad de personas que no están contempladas dentro de la ley de Protección Especial”.
López afirma que la entrega de la solicitud como organización social está respaldada por los reglamentos establecidos en la Organización de las Naciones Unidas, a través de la convención contra la corrupción, que obliga a países miembros a establecer un ambiente en el que la población sea activa en la verificación del uso de los fondos.
“Si las instituciones de control no están funcionando por la coartación desde el Ejecutivo para que desplieguen las facultades de control, nos corresponde solicitar se ejerza ese control” acotó López.
Cristosal señala que, de ser nula la intervención de la Corte en este caso, acudirán a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, Jonatan Sisco, abogado anticorrupción y justicia de Cristosal, recalcó que la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial determina el uso de este recurso en el artículo 1 y 2, además de estar plasmado en el instructivo de la PNC. “Existen suficientes indicios para investigar este tipo de asignaciones que se dan por orden del titular de la Policía”, agregó el abogado de Cristosal.
Mientras que López lamentó que estos casos sean revelados a través de ciberactivistas como DDoSecrets y Guacamaya Leaks, pues esta debería ser información disponible para los salvadoreños.