Un estudio regional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), que analizó el manejo de la pandemia por covid-19 durante 2020 y 2021 en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, concluyó que el trío tuvo un mal desempeño en cuanto a garantizar derechos fundamentales para su población.
Las investigadoras académicas Carolina Quinteros y Tatiana Marroquín estuvieron a cargo de este estudio, en el que evaluaron el cumplimiento de derechos económicos sociales y culturales (DESC) en Guatemala, Honduras y El Salvador, a través del análisis del derecho a la salud, a la educación, la situación de pobreza y los presupuestos que adjudicaron estos países para asegurar los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables: pueblos indígenas, niñas, mujeres, población LGTBIQ+.
El título del estudio es claro: lo que hallaron fue una “relación disfuncional” entre gobiernos y la población, algo que también ocurría en los cinco años anteriores -analizaron 2015-2019- pero que se agudizó ante los efectos de la pandemia por el nuevo coronavirus.
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“Es una relación disfuncional entre los gobiernos del Triángulo Norte y la construcción de una plena inclusión de las personas ciudadanas al disfrute de su herencia social, y por otro lado esto es una cosa estructural que ya se venía cargando históricamente, pero la pandemia y el contexto de 2020 agravó mucho más esta situación de carencias en la población”, explicó Quinteros.
Uno de los principales hallazgos de este estudio es cómo hubo una explosión de muertes violentas de mujeres durante 2020 y 2021, sobre todo en los meses del confinamiento obligatorio; así como de embarazos en niñas y adolescentes.
Durante el primer semestre de 2020 hubo 57 feminicidios en El Salvador, muertes que según las especialistas pudieron ser menos si el Gobierno hubiera tenido una institucionalidad más fuerte, para que las mujeres tuvieran herramientas sobre qué hacer o adónde acudir en casos de violencia o amenazas.
También hubo una explosión de embarazos de niñas de 10 a 14 años durante 2020, pues el porcentaje de casos subió un 79% respecto a 2019. El número llega al 71.6% en el caso de adolescentes de 15 a 19 años.
“Las niñas corren más peligro de abandonar los estudios, por embarazos, por acciones de violencia, por dedicarse al trabajo de cuidado, y no se generaron mecanismos para paliar esta situación para las niñas que no iban a la escuela” y tuvieron que quedarse en casa, mencionó Quinteros.
Para la socióloga, una razón que llevó a esto fue que el Gobierno “priorizó la estrategia del confinamiento” para evitar contagios, pero “sin pensar en las consecuencias que eso podía tener, especialmente para aquellos grupos en mayor condición de vulnerabilidad”.
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En tal escenario, llegó una decisión como el confinamiento forzado, pero “sin tener en cuenta que para las mujeres y las niñas, el lugar de mayor peligro es la casa. Los principales agresores de las mujeres y las niñas están en su casa, también de feminicidios, o a través de los compañeros de vida de las mujeres”, añadió Quinteros.
Marroquín añadió que “los confinamientos podían agudizar esas situaciones” y el Gobierno salvadoreño debió valorarlo antes.
“No era ir en contra del confinamiento, pero sí establecer otras alertas institucionales al momento de decidir el confinar a mujeres con, muy probablemente, sus violentadores”, agregó.