Ya pasó un año desde que el presidente Nayib Bukele dijo, durante su discurso del 15 de septiembre de 2021, que presentaría una reforma de pensiones que otorgaría beneficios para los salvadoreños.
Pero a la fecha no hay ningún plan presentado por el gobierno y aunque sindicatos afines han pedido eliminar las AFP y nacionalizar el sistema previsional, las propuestas sobre cómo mejorar este beneficio social siguen engavetadas.
En un reporte financiero hecho por Bank of America (BofA) y en el que delegados de esa entidad viajaron al país para reunirse con autoridades locales, la conclusión sobre este tema es clara: una nacionalización de las pensiones “es improbable” debido al costo político que esto significa para el gobierno.
Además, por cada posible escenario para reformar el sistema, el banco señala diferentes desventajas que no compensan el elevado déficit fiscal que tiene el país actualmente y para lo que está haciendo todo tipo de maniobras fiscales, incluidas la recompra de bonos y la emisión de bonos Bitcoin.
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“Durante un año más o menos, la administración Bukele ha dicho que está a punto de presentar un proyecto de ley de reforma de pensiones al Congreso, sin embargo no ha ocurrido nada, como el acuerdo incompleto del FMI y el bono de Bitcoin”, señala el informe del banco americano divulgado esta semana.
En mayo la agencia financiera inglesa EMFI también advirtió que era “poco probable” que el gobierno de Bukele aumente las pensiones y que es poco el dinero del que podría echar mano si quisiera hacerlo.
Según BofA , si la reforma se diera, el gobierno podría tener un alivio momentáneo, pero no suficiente para todos sus compromisos.
“Si la reforma se lleva a cabo, creemos que relajará la restricción financiera del gobierno temporalmente. El Ministerio de Hacienda ha mencionado la cifra de $590 millones como la cantidad de financiamiento que el gobierno obtendría de la reforma de pensiones en el primer año”, señala el informe de BofA.
El análisis de EMFI indica que el gobierno solo puede tener en dinero contante y sonante por $512 millones que están en Certificados de Depósito disponibles en bancos locales.
Pero para eso tendría que seguir dos caminos: el primero de ellos sería una represión financiera que obligue a las AFP a invertir sus activos bajo administración ($12,700 millones) en valores gubernamentales, particularmente los $2,400 millones que se invierten en el sector privado de valores.
Pero si tomara este camino, Bank of America señala que “esto difícilmente puede llamarse una reforma” por lo que el banco considera que tendrían que hacerse otras acciones complementarias como pensiones solidarias, subsidios cruzados de personas de altos ingresos, mayores aportes de los empleadores u otra medida “progresista”.
Además, actualmente el 80% de los fondos de pensiones está invertido en papeles del gobierno, que desde 2006 y hasta 2014 pagó tasas de interés de menos de 2% a los cotizantes, con lo cual su rentabilidad se ha visto afectada, incluso hasta ahora.
Desviar fondos al ISSS
El segundo escenario que Bank of America plantea como posible es la desviación de las cotizaciones hacia el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para “crear un superávit de transición”.
El mismo reporte muestra datos de la Superintendencia del Sistema Financiero en la que se detalla que entre julio 2021 y julio 2022 los ingresos por contribuciones de los cotizantes fueron de $1,127 millones, lo que representa un 3.6% del PIB.
Pero en este escenario, BofA también señala: “La reforma no necesita ser tan radical. Una opción más apetecible podría ser recibir sólo una fracción de las contribuciones”, a lo que sugiere medidas como por ejemplo, que las personas que ganan hasta tres salarios mínimos tendrían que migrar sus aportes al ISSS, que sería el responsable de pagar las pensiones.
Para el caso se retoman datos importantes como el hecho de que el 89% de las personas afiliadas a las AFP son menores de 55 años y aproximadamente la mitad de ellos son menores de 35 años.
Sin embargo el banco advierte que “el gobierno asumiría un gran déficit actuarial (valor presente de la diferencia entre los aportes y las prestaciones futuras de pensión de las personas que emigran de las AFP al ISSS”, señala el BofA.
El banco advierte, además, que si se hiciera este cambio, “el gobierno podría verse tentado a apropiarse del superávit de transición que resultaran de la diferencia entre los aportes desviados al ISSS y los gastos de pensión que permanecerían pequeños durante muchos años.
“Así, los hacedores de política salvadoreños que planean la reforma de pensiones enfrentan el problema que los economistas llaman “consistencia en el tiempo”.
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Esto significa que “el incentivo para hacer la promesa y apropiarse del superávit de transición es probablemente mucho mayor que los incentivos que los futuros gobiernos tendrán para mantenerlo (pagar los pasivos de las pensiones)”.
Gran costo político
La gran pregunta que se hace Bank of America es porque el gobierno no se apropia de los más de $1,100 millones anuales en aportes a las AFP? ¿Por qué querer apropiarse solo de una fracción?
“Nuestra respuesta es que apropiarse de todo el flujo (nacionalización) probablemente acarrearía un gran costo político. Hay 3.9 millones de personas afiliadas a las AFP, una gran fracción de el presupuesto”, responde el banco americano.
Además, el banco señala que si Bukele decide aumentar los beneficios de pensión a personas que no están cubiertas por el sistema, pues trabajan de manera informal (70% de la población) esto podría erosionar el superávit de transición, es decir, que el dinero que aparentemente percibirían, al final se diluiría en estos otros beneficios y todo dependería de los montos que podría ofrecer.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró el miércoles, en una entrevista televisiva, que el gobierno nunca ha hablado de nacionalización de las pensiones, pese a que sí lo han planteado diferentes sindicatos afines al gobierno.
“Nosotros nunca hemos hablado de nacionalización, no somos comunistas, no somos, ni por asomo, gente que habla, que tiene ese discurso, de que vamos a expropiar tierras, empresa…”, afirmó.
Bank of America reitera que, dado que las AFP ya invierten casi todo su dinero en valores gubernamentales, parece que esta reforma de pensiones no daría al gobierno mucho financiamiento incremental. Si el 80% ya está invertido en valores gubernamentales, solo obtendrían 0.72% del PIB en financiamiento”, señaló.
La promesa de Bukele sobre una reforma de pensiones sigue en el tintero. Sin embargo, cada vez se habla menos sobre el tema.