Jesús Joya y Pedro Castellón no se conocen pero les ha tocado compartir el mismo infortunio: luchar por saber dónde estaban sus hermanos hasta enterarse de que meses antes estos habían muerto y fueron sepultados en una fosa común, prácticamente como desconocidos sin familia que los reclamara.
Los testimonios de Jesús y Pedro coinciden en que agentes del Estado, en este caso, custodios del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, les negaron información a sabiendas de que los hermanos de Pedro y Jesús ya no se encontraban en esa cárcel: uno había salido muerto de allí y el otro había sido internado en un hospital en estado muy grave.
Rafael López Castellón, de 53 años, paciente renal y cardiaco, fue capturado a media mañana del 8 de abril, en el cantón Loma de La Cruz, municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, por policías de esa misma población que llegaron a arrestarlo a su vivienda, donde se ganaba la vida con un molino de maíz y una pequeña tienda.
De todos los hermanos de Rafael, fue Pedro quien estuvo pendiente de él; Pedro es un campesino que no conocía San Salvador. Viajar al penal de Mariona representaba para él un gran gasto económico y un reto para no extraviarse.
La primera vez que viajó a San Salvador fue el 6 de mayo, luego de que a finales de abril, en la Procuraduría General de la República, oficina de Usulután, por fin le informaran que el 22 de abril su hermano había tenido la audiencia inicial y que había sido enviado al penal de Mariona.
Aquel 6 de mayo no pudo hacer mucho por su hermano. Ese día se tuvo que regresar sin siquiera acercarse al penal a preguntar por Rafael, pues ese día fue que la policía, con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), desalojó a todos los familiares que acampaban en las afueras del penal con la esperanza de saber de sus parientes.
En los días posteriores, Pedro supo que ya permitían ingresarles los paquetes con artículos de limpieza personal y algunos alimentos. El 31 de mayo volvió a San Salvador, gastó más de 100 dólares en el paquete; esta vez sí logró hablar con un custodio, a quien le preguntó si allí estaba su hermano y cómo estaba él de salud.
La única respuesta fue que allí se encontraba, que estaba en el sector dos. Nada más. El custodio le indicó dónde dejar el paquete. Pedro vio que después lo lanzaron junto a muchos más, a una especie de garaje.
Aquel custodio le mintió a Pedro, a sabiendas de que Rafael había sido enviado al hospital Zacamil el 27 de mayo y ya no estaba en el penal. Para entonces, según Pedro, su hermano ya estaba agonizando, pues, según la Fiscalía de Mejicanos, murió a las 6:00 a.m. del 1 de junio.
Entre junio y julio, Pedro fue tres o cuatro veces más al penal de Mariona, donde siempre le repetían que su hermano estaba bien en el Sector 2. Una vez más entregó un paquete para Rafael.
“Hicimos lo que pudimos. Nos hubiéramos conformado si tan solo nos hubieran avisado que había muerto o cómo estaba, pero nunca nos avisaron. Yo había dejado un número de teléfono para que me avisaran por cualquier emergencia”, comenta Pedro, un campesino.
Al cumplir los cuatro meses de detención, Pedro comenzó a tramitar los documentos que el abogado de la PGR le había dicho: arraigos familiares, de trabajo y la solvencia de antecedentes penales. Fue a San Miguel a tramitar esta última.
Fue hasta el 8 de agosto que se enteró de que su hermano estaba muerto. Pedro cuenta que pagó por la solvencia pero de repente una empleada lo llamó para decirle que lo lamentaba pero que no le podían dar el documento porque su hermano había muerto. Así aparecía en el sistema.
“Si no me hubiera dado cuenta por eso, allá estuviera todavía (en la fosa común)… Son cosas que se están dando y que no se deberían dar porque como familia y salvadoreños somos humanos todos”, afirma Pedro.
Para rematar su pesar, según Pedro, una “licenciada” que lo atendió en Medicina Legal le dijo que allí lo dejara (en la fosa común); que, al fin y al cabo, Rafael ya está en su puesto, que lo que podían hacer era llevarle flores el día de muertos. Pedro le dijo que el lugar de él era en Jucuapa, donde su familia vivía.
De acuerdo con abogados, expertos y activistas en derechos humanos, al negar información de personas detenidas a familiares que lo solicitan, el Estado salvadoreño podría estar cometiendo el delito de desaparición forzada, el cual es considerado como un delito de lesa humanidad.
Según los letrados, el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas estipula: “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
“Es una desaparición forzada al ser una detención efectuada por actores estatales sin brindar información sobre dónde llevaron a la persona ni su estado aún ante preguntas de sus familiares ante autoridades”, señaló Celia Medrano, abogada especialista en derechos humanos.
El caso de Rafael López Castellón fue el primero en trascender públicamente que había sido sepultado en una fosa común sin avisarle a la familia. Poco más de un mes después se conoció el de Henry Eleazar Joya Jovel, una persona con discapacidad mental, arrestado el 21 de abril, quien murió el 25 de mayo y cuyos restos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio La Bermeja.
En este caso, familiares de Henry aseguran que, el primer mes posterior al arresto, en el penal de Mariona les dijeron que estaba en el sector 5, celda 32 alta. Pero desde finales de mayo, les dijeron que él no aparecía en los listados de privados de libertad y que en ese penal no estaba.
Fue hasta el pasado 19 de septiembre que a Jesús Joya, hermano de Henry, se le ocurrió ir a preguntar al Instituto de Medicina Legal: ahí tenían registrado como fallecido y enterrado en fosa común a un Enry Cuéllar Jovel.
Jesús identificó a su hermano en el archivo fotográfico que esa institución lleva. Asegura que tenía el rostro maltratado, es decir, golpeado. Le dijeron que estaba enterrado desde el 8 de julio en La Bermeja porque nadie había llegado a reclamarlo.
Tanto Jesús Joya como Pedro Castellón consideran que no es casualidad que a sus hermanos les hayan trastocado o distorsionado el nombre. En ambos casos estaban bien identificados cuando entraron al penal de Mariona y sus familiares habían dejado números de teléfono para ser avisados en caso de urgencia o que fueran liberados.
Para el abogado David Morales, Jefe Unidad de Justicia Transicional de Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, tanto en el caso de Henry Eleazar Joya Jovel como en el de Rafael López Castellón se consumaron las desapariciones forzadas, lo cual es un crimen de trascendencia internacional.
“En ambos casos, lamentablemente, la desaparición cesó al haberse encontrado los restos de las víctimas. Por esto último deben investigarse posibles ejecuciones extrajudiciales o, al menos, responsabilidad de las autoridades que ejercían un rol de garantes. Por supuesto que tanto la desaparición como las muertes arbitrarias de estas personas pueden constituir delitos según nuestra legislación penal”, acotó Morales.
Mientras tanto, según Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, División de las Américas: “El caso de Henry Joya podría constituir una desaparición forzada si se comprueba que las autoridades intencionalmente ocultaron la suerte o el paradero de la víctima”.
Para Jeannette Aguilar, investigadora en temas de violencia y seguridad: “Si a la familia no le dieron información sobre su paradero y luego fue localizado en una fosa común, se trató de una desaparición forzada y una muerte bajo tutela del Estado. Un caso más que podría agregarse a la lista de delitos de lesa humanidad”.
Medrano agrega que la desaparición forzada se configura por el hecho de que esas personas fueron detenidas por agentes del Estado y las autoridades no les daban información a sus familiares que se apersonaban a instituciones solicitando conocer su paradero.
“Ese hecho es una práctica de desaparición forzada. En el caso concreto de Henry Joya, posteriormente sus familiares obtuvieron la información del centro penal donde se encontraba y finalmente supieron de su fallecimiento. Ese es otro hecho y otra violación de derechos humanos en el mismo caso”, detalló Medrano.
Ovidio Mauricio González, director ejecutivo de Tutela Legal “María Julia Hernández”, advierte que en los casos de personas que mueren estando en centros penales y son enterradas en fosas comunes son desapariciones forzadas hasta que se encuentran los restos. “Es un delito permanente, es uno de los más graves, porque afecta no solo a las víctimas y sus familiares, incluso a otras generaciones”, detalló.
Silencio del Estado
Aunque de momento solo se conocen dos casos de personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción, bajo el argumento de colaborar o pertenecer a organizaciones terroristas, que fueron enterradas en fosas comunes en el cementerio La Bermeja con identidades distorsionadas, diversos testimonios de personas que han recuperado su libertad, de empleados de Centros Penales y de Medicina Legal dan cuenta de que hay más casos.
Fuentes vinculadas a la Alcaldía de San Salvador, administradora del cementerio La Bermeja, afirman que son muchos los cadáveres que en los últimos tres meses han sido sepultados en fosas comunes.
En solo un día fueron enterrados 13 cuerpos, aseguró un informante, aunque aclaró que no podía asegurar que todos pertenecieran a personas fallecidas mientras estaban privadas de libertad.
Por su parte, el Estado salvadoreño no ha sentado posición referente a las muertes de personas que han muerto mientras estaban bajo su responsabilidad, las cuales suman más de 80, al menos ese es el dato conocido. Muchos de esos cadáveres, según familiares, tenían evidentes señales de tortura.